WASHINGTON (AFP). En nombre de la seguridad de los estadounidenses y frente al bloqueo de la justicia, el presidente Donald Trump continuaría con su política de expulsar a inmigrantes indocumentados y rechazar a ciudadanos extranjeros procedentes de países considerados por su gobierno “nido” de terroristas.
El asesor político presidencial Stephen Miller lanzó un fuerte ataque contra el Tribunal Federal de Apelaciones que bloqueó la orden ejecutiva de Trump, calificando al fallo como una “usurpación judicial de poder”.
Miller es uno de los más cercanos colaboradores del presidente de EE.UU. y para muchos el artífice del polémico veto migratorio firmado en enero pasado.
“Los poderes del presidente están fuera de toda duda”, dijo al referirse a la ley inmigratoria en la que se basó el decreto, que da al presidente de Estados Unidos amplios poderes para restringir el ingreso de extranjeros al país por cuestiones de seguridad nacional.
No descartó que se emita un nuevo decreto migratorio y apelen al estado de emergencia ante la Corte Suprema.
Redada
La Casa Blanca confirmó ayer su voluntad de acelerar la expulsión de los “sin papeles”.
“¡Los miembros de bandas, los traficantes de drogas y otros están siendo expulsados!”, escribió en Twitter el mandatario.
Una gran operación de varios días, bautizada como Cross Check, permitió detener a cientos de indocumentados en varias ciudades, en particular Los Ángeles (160 arrestos) y Nueva York (40, según una asociación).
Trump firmó un decreto a fines de enero que ordenaba a las autoridades fronterizas centrarse en las personas sin documentación legal que han delinquido o son sospechosas de haberlo hecho, una categoría mucho más amplia que la de expulsar a criminales y reincidentes, foco de la administración del expresidente Barack Obama.
Las autoridades insistieron en el carácter rutinario de estas operaciones, aunque el asesor político Miller explicó que “bajo la orden del presidente, fueron lanzadas operaciones de control migratorio fuertemente ampliadas y más enérgicas”.