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WASHINGTON (EFE). La CIDH, el último recurso de miles de personas en América para obtener justicia y protección ante ataques a sus derechos, principalmente por parte de los gobiernos, tendrá que despedir al 40% de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio alrededor de dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir mínimamente con sus funciones.
La CIDH pidió a los 34 Estados miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos) que asuman su responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y corrijan la anomalía de los últimos años, en los que el organismo ha sobrevivido gracias a fondos voluntarios de países europeos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, subrayó la paradoja de que en 2015 los países latinoamericanos y caribeños dieran 200.000 dólares de aportación voluntaria a la Comisión, con 6.188 casos americanos, y 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya, Países Bajos), que solo tiene una preinvestigación de México.
La Comisión, que tiene más de 6.000 casos de violaciones de derechos humanos pendientes y un presupuesto anual que no llega a los 10 millones de dólares, denuncia que es “el sistema de derechos humanos más pobre del mundo”.
Crítica de los acusados
Los responsables de la CIDH tienen claro cuál es la causa de estas anomalías: la Comisión se ha convertido en un elemento incómodo para los Estados miembros porque ha señalado a casi todos por violaciones de los derechos humanos.
Las críticas a la Comisión por una supuesta parcialidad o politización han procedido hasta ahora de países de la Alianza Bolivariana, sobre todo de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, en los que la Comisión, precisamente, ha denunciado repetidas violaciones de derechos y falta de libertades fundamentales, como la de expresión o reunión.
La Comisión es el elemento de mayor prestigio internacional de la OEA junto a las misiones de observación electoral.