“Uno de los ejecutores de este plan es el juez mendocino Walter Bento, el mismo que allanó ilegalmente la sede de Cablevisión el 20 de diciembre de 2011, con más de 50 gendarmes. Bento fue sometido a juicio político por estas irregularidades pero fue salvado de manera escandalosa por el kirchnerismo”, agrega.
El intento de desmembrar el grupo Clarín obedecería a una estrategia de acelerar los tiempos antes del 7 de diciembre, fecha en la cual la justicia debe pronunciarse ante la medida interpuesta por el grupo periodístico contra los artículos 161 y 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual referentes al principio de la desinversión, mediante el cual la ley obliga al grupo a desprenderse de algunos activos a fin de adecuarse al máximo de licencias estipulado por el nuevo marco jurídico.
El objetivo del Gobierno sería ceder a un grupo aliado las operaciones en el rubro, acción que Clarín enmarca en un proceso de “colonización mediática que ya ha llevado a que más del 80% de los medios audiovisuales del país dependan del oficialismo”.
“Ética profesional”
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BUENOS AIRES (EFE). La presidenta Cristina Fernández había abogado el viernes pasado por una ley de “ética profesional” en medio de acusaciones de pago de empresas dirigido a periodistas.
Imponer conductas éticas “mediante una norma legal, de cualquier rango, implicaría casi penalizar comportamientos no delictuales, poniendo en riesgo el derecho a la libre expresión”, había advertido el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
La Mandataria acusó a YPF de haber destinado once millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares) al pago de periodistas durante la gestión del grupo español Repsol y se refirió en concreto al caso de un reconocido periodista argentino que, según Fernández, habría recibido un millón de pesos (alrededor de 220.000 dólares) de la empresa.