GUATEMALA (EFE). El general, de 87 años, confía en que las argucias de sus abogados, el apoyo del poderoso sector empresarial y la rancia derecha, sean suficientes para que, contra los criterios técnicos y jurídicos de especialistas en derecho penal e internacional, los tribunales le favorezcan con una amnistía.
Hace días, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, abrió de nuevo la puerta para que el exdictador obtenga la única medida legal que lo puede alejar de la justicia en los últimos años de su vida, al ordenar a una corte inferior que argumente por qué no le concedió en su momento la amnistía solicitada.
En una decisión dividida de cinco a dos, de sus siete magistrados, la CC ordenó a la Sala Primera de Apelaciones fundamentar jurídicamente “por qué no es aplicable la amnistía” que los abogados de Ríos Montt pidieron con base en un decreto aprobado en 1985 por jefe de Estado de facto, Óscar Mejía Víctores.
Esa normativa otorgó amnistía a los militares y guerrilleros que participaron en la guerra interna que padeció el país (1960-1996).
Francisco García Gudiel, uno de los abogados de Ríos Montt, sostiene que la amnistía se encuentra “vigente” a pesar de que la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada por el Parlamento en 1996, derogó todas las leyes de amnistía anteriores a esa fecha.
La Sala, dice García Gudiel, “debe” otorgar la amnistía solicitada a Ríos Montt, en cumplimiento de lo ordenado por la CC, y con ello restituir a su cliente los derechos que, asegura, le fueron “violentados” al serle negada el año pasado.
El letrado sostiene que el juicio al que fue sometido el general meses atrás, el cual concluyó con una condena de 80 años de prisión tras ser declarado “culpable” de los delitos de genocidio y crímenes de guerra, “fue ilegal no solo por los supuestos errores cometidos por el tribunal, sino porque no procedía”.
Diez días después de haber sido condenado, la CC anuló el fallo por supuestos errores en el proceso judicial y ordenó retrotraer el caso hasta antes de la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo. La próxima semana, la Sala deberá cumplir con lo ordenado por el tribunal Constitucional.
El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, que actúa como querellante, dijo que la Sala no tiene otra cosa más que hacer que explicar las razones jurídicas por las cuales en su momento fue denegada la amnistía.
Resolver contrario a ello, indicó, sería ilegal, porque los delitos de genocidio y crímenes de guerra son imprescriptibles en Guatemala, y por lo tanto no pueden ser objeto de amnistía.