LA PAZ (ANSA). Según las autoridades de aduana, se identificaron ya 33.697 vehículos “chutos ” (indocumentados) en todo el país, y otros 10.595 que circulan con “placas clonadas”.
Muchos de sus propietarios, que los compraron a precio bajo, alegan inocencia en el negocio del contrabando y rechazan el decomiso de sus “herramientas de trabajo”, mientras culpan a las autoridades de aduana por permitir su ingreso al país.
El comando de las fuerzas armadas, por su parte, anunció que reforzará los puestos de frontera para frenar la internación ilegal de esos vehículos, en su mayoría procedentes del puerto de Iquique, en Chile.
La presencia militar “será redoblada. Vamos a ser un poco más agresivos en la presencia militar en áreas críticas de frontera”, informó el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Fernando Aramayo.
Solo en La Paz, El Alto y Cochabamba, las autoridades de aduana decomisaron esta semana 75 vehículos indocumentados, al comenzar una campaña que, según la presidenta de la aduana, Marlene Anaya, se extenderá a todo el país.
Pero Ezequiel Paxi, dirigente de una asociación de autos indocumentados, advirtió: “No se moverá ningún vehículo. Si nos atacan o intentan decomisar un auto en cualquier sector, a través de comunicaciones secretas, cerraremos los caminos”.
Paxi calcula la existencia de “aproximadamente” 35.000 vehículos entre los que no alcanzaron a ser legalizados hace dos años, cuando el Gobierno autorizó una “nacionalización ” que benefició a unos 120.000 y los que ingresaron desde entonces.
Según dirigentes de los propietarios de autos indocumentados, la mayoría de sus afiliados pertenece a las federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, en el centro del país y de la que es también presidente Evo Morales.
Félix Mamani, de esa asociación, informó: “La mayoría vivimos en colonias y pertenecemos a una federación, una central o un sindicato”. Su sector tiene 4.000 afiliados y “una parte de ellos se dedica a plantar coca, y el resto es transportista”.
El problema puso en alerta a los comerciantes de repuestos que piden un registro de identificación para mantener sus negocios ante el temor de que la aduana lo prohíba como medida de presión contra la circulación de autos indocumentados.
Mientras tanto, los comerciantes de ropa usada se organizaron también en sindicatos que piden se levante la prohibición a importar esa mercadería que abarrota actualmente los mercados populares y asfixia a la industria manufacturera local.
En los mercados populares de todo el país se han instalado sectores de venta de miles de toneladas de todo tipo de prendas de vestir.