El Ejecutivo español respondió así a una pregunta formulada por el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares sobre posibles obstáculos en esa investigación.

La pregunta se registró en el Congreso de los Diputados español en mayo y la respuesta tiene fecha del 10 julio, aunque se publicó en el Boletín Oficial del Congreso el pasado jueves.

Ese mismo día, 19 de septiembre, se supo que la jueza argentina María Servini había dictado una orden para la busca y captura de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo.

En la respuesta escrita al diputado de la oposición, el Gobierno español aseguró que el Ministerio de Justicia “debe garantizar que los convenios internacionales sobre auxilio judicial internacional existentes se apliquen correctamente”.

Y que, debido a la independencia de los poderes del Estado, “no corresponde al Gobierno de España colaborar con la justicia argentina en el marco de una investigación judicial sino, en su caso, y previa remisión de la oportuna comisión rogatoria, corresponde a las autoridades judiciales españolas prestar dicha colaboración”.

En Argentina la jueza Servini abrió en 2010 una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista, que abarca el periodo entre julio de 1936 y junio de 1977.

Esto fue hecho, basado en el principio de “Justicia Universal”, por el que cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, a condición de que no lo haya hecho el país en el que se cometieron esos delitos, como es el caso de España.