CARACAS (EFE). “Se respondió, con el favor de Dios, a tiempo” en cuanto a su hospitalización, admitió ante los periodistas la esposa del alcalde, Mitzy Capriles, al dar cuenta de que los médicos programaron para el próximo lunes la cirugía a su marido por una “hernia reproducida”.
“Presentó hace 21 días un fuerte dolor y una protuberancia que fue creciendo y se llegó a la conclusión de que se debían dar los pasos que ya se dieron”, añadió Capriles.
Horas antes de ser trasladado desde la cárcel militar Ramo Verde, próxima a Caracas, la Fiscalía venezolana reveló que había solicitado al tribunal que juzga a Ledezma, que dicte “una medida cautelar sustitutiva de libertad” a su favor.
Ello, para una vez que se le practique la cirugía “sea llevado a su residencia, en la que permanecerá bajo arresto domiciliario para garantizar su recuperación”, dice la petición de la Fiscalía.
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Sin aludir a tal pedido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se limitó ayer a revelar que el traslado de Ledezma fue dispuesto en acatamiento a “lo que dispone el Código Orgánico Procesal Penal” en cuento a reos con padecimientos que requieren de hospitalización.
“El tribunal de la causa ordenó que Antonio Ledezma fuera trasladado a un centro asistencial para recibir tratamiento médico urgente, en razón de una afección inherente a su salud”, sostuvo el TSJ en un comunicado que recordó los delitos que se le imputan.
Estos son conspiración y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.