La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, confirmó que actualmente tiene el dilema de llenar el espacio dejado en Delitos Económicos y Anticorrupción por Fernández. Además, desde hace años el mismo era delegado de esta Unidad Especializada.
“Le di todo mi apoyo en esta nueva faceta de su carrera, pero siento en el alma, llevamos más de un año de procedimientos emblemáticos”, dijo la titular del Ministerio Público.
Fue tan bueno su trabajo que los propios políticos implicados en hechos de corrupción, como Óscar González Daher y Javier Zacarías Irún, le apartaron de sus causas.
Sin embargo, le quedan causas importantes, como la del prófugo Darío Messer, el “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes. Allí, Fernández logró congelar bienes para el comiso por más de US$ 100 millones, que son administrados actualmente por la Senabico.
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Ese proceso es llevado también por su colega Liliana Alcaraz, la que inmediatamente sonó como interina del despacho de Fernández.
Asimismo, Alcaraz lleva adelante las causas de los exsenadores Óscar González Daher y Víctor Bogado, que se iniciaron con Fernández. Con respecto al último, hay una apelación pendiente para que se agregue el delito de estafa y se anule la ínfima pena de un año y medio.
Entre los casos nuevos de Fernández está el del esquema de coimas en Detave, en que está preso su exdirector y exjefe de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, Gral. Ramón Benítez.
Fernández también dejó en plena etapa de colección de pruebas el caso de supuesto contrabando y megaevasión en Ciudad del Este, por unos US$ 680 millones. Hasta la semana pasada se hablaba de inminente imputación, que hasta ahora no se da.
Envió a prisión a un expresidente
El exfiscal René Fernández, actual ministro Anticorrupción, acusó y logró la condena del expresidente de la República Luis González Macchi por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Fue el único agente fiscal que logró enviar a la cárcel a un exmandatario, que pasó una Navidad en la guardia presidencial. Pese a este logro y la condena de 8 años de cárcel decretada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Gloria Hermosa, Blanca Gorostiaga y Silvio Reyes, después la Corte Suprema de Justicia extinguió el caso y la causa quedó en el oparei. Sin embargo, fue bien conocida la presión política que se ejerció a favor de “Lucho” y del empresario Reinaldo Domínguez Dibb (coacusado).