Fue de esa forma que la fiscala imputada María Angélica Costas intentó adelantarse a un posible operativo encubierto. Sin embargo, el investigador a cargo, policías de civil y funcionarios que hacían de transeúntes se dieron cuenta del nuevo modus operandi.

Guerrero explicó que tanto Costas como el intermediario abogado Luis Méndez insistieron al abogado denunciante de un caso de presunta violación que la entrega de G. 40 millones, solicitado como coima, sea después de las 18:00, pues hasta tuvieron en cuenta que las órdenes de allanamiento generalmente son hasta esa hora. Sin embargo, al fiscal le había ampliado el plazo.

El informe detalla que la entrega del sobre, con G. 10 millones (fotocopiados y agregados como prueba), se hizo luego en el propio departamento de la fiscala, que queda al lado de la sede fiscal. En ese lugar, la agente pretendió al principio no agarrar el dinero, pero luego aceptó.

Después de que el denunciante saliera del referido sitio, al poco tiempo llegó un hombre en moto con otro sobre.

Allí se dieron cuenta los investigadores de que la prueba se quería cambiar, lo que efectivamente aconteció, porque Costas cayó con otro fajo de G. 10 millones. Sin embargo, los billetes fotocopiados y cambiados fueron también recuperados.

Tras el operativo, la fiscala no supo explicar el origen de ese dinero y a esto se suma su nerviosismo, además de las insistentes llamadas del juez Geraldino Cazal (también imputado por cohecho pasivo agravado).

El fiscal Leonardi Guerrero, inclusive, le dijo a la fiscala que conteste el celular, pero ella respondió que “no iba a entregar” al juez. En esta causa están imputados Costas, Cazal y el abogado Luis Méndez.

La investigación se inició hace un mes con grabaciones de encuentros entre el denunciante y los implicados. Supuestamente, los G. 40 millones se iban a repartir entre la fiscala y el juez (G. 10 millones cada uno), y la familia de la víctima de una violación que era representada por el abogado Méndez (G. 20 millones).

La imputación fue presentada en Asunción y cayó con la jueza Rosarito Montanía, debido a que solo Cazal es juez de garantías de Alberdi y está implicado.