Marcos Acosta Fariña y Marta Brun Zuccolillo indican en su denuncia que la actual administración supuestamente está cobrando una comisión de 5% en calidad de “gastos administrativos” en la ejecución de programas dentro del convenios firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Añaden que los referidos programas tienen que ver con compras de bienes y contrataciones de servicios personales.

“Este hecho importa un perjuicio patrimonial enorme a las arcas del Estado paraguayo puesto que esas contrataciones de bienes o servicios pudieron hacerse fácilmente a través de las dependencias propias del organismo, en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) sin ningún costo para el Estado, más que el salario que normalmente se paga a funcionarios de esa dependencia técnica”, se indica en el escrito de denuncia penal.