Los camaristas de la Primera Sala, Pedro Mayor Martínez (primer opinante), Gustavo Santander Dans y José Agustín Fernández, objetaron por unanimidad la labor investigativa de la Fiscalía, y resolvieron que se debe volver a realizar una nueva audiencia preliminar al quedar nulo el Auto Interlocutorio (A.I.) N° 483 del 12 de junio de 2019, por el cual se elevó esta causa a juicio oral.
Los camaristas argumentaron que la “pericia biométrica” que fue introducida como prueba por la Fiscalía en la audiencia preliminar y admitida por el juez penal de garantías Humberto Otazú, “no ha sido producida en la etapa correspondiente, y que en ese sentido hubo violaciones a los derechos establecidos en el Art. 17 de la Constitución Nacional, en relación a la defensa, en el control del trabajo que debe ser desplegado por el Ministerio Público, para incorporar esos elementos de convicción”.
La Cámara también insta a la agente fiscal Antidrogas Lorena Ledesma a que observe de nuevo algunas decisiones, que “sean de nuevo analizadas, y que sopese con su criterio la solvencia de los demás elementos de convicción presentados en la acusación, y que evalúen en su caso la decisión de este Tribunal de Apelaciones, sin indicar las opciones procesales pertinente que podrían darse, determinar que se abra un abanico de posibles salidas procesales, que tendrá que ser considerado por el acusador...”.
Evitaría nulidades
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Agrega el Tribunal de Apelaciones, en su Auto Interlocutorio N° 324 de 14 de agosto pasado, que la realización de una nueva audiencia preliminar evitará nulidades ulteriores en etapas más avanzadas, por lo que se resolvió revocar la resolución apelada. La nueva audiencia preliminar debe llevarse a cabo ante la presencia de un nuevo juez penal de garantías.
Los camaristas enfatizan que el Ministerio Público debe impulsar las acciones o requerir las salidas procesales que sean convenientes, según los elementos de convicción recolectados.
Prueba de descargo
La fiscala Ledesma, al contestar el traslado de apelación que promovió el abogado Hugo López en representación de su cliente, el ciudadano mexicano Jimmy Wayne Gallien Córdova, había argumentado que la inclusión de la “pericia biométrica” para reconocimiento de voz servirán como elemento de cargo y descargo para descartar o no la participación de este acusado en los audios del llamado “Caso Sinaloa”.
Antecedentes de este proceso
- El caso se inició el 7 de diciembre de 2016 cuando agentes antidrogas allanaron una casa en Villa Elisa, donde se incautaron 308 kilos de cocaína y otros operativos que concluyeron con aprehensiones de personas a los que sindican de estar vinculadas con el Cartel de Sinaloa.
- Los mexicanos Jimmy Gallién Córdova, Marco Castro de la Rosa, Martín Huerta Flores y Armando Carrillo, están acusados por tráfico internacional, comercialización y posesión de drogas, y asociación criminal. Los paraguayos Patricio Fernández y Pablo Brítez están acusados por posesión y comercialización de drogas, y asociación criminal, y Hernán Liseras, por lavado de dinero y asociación criminal.