El grupo de trabajadores penitenciarios organizados cerró la avenida Rodríguez de Francia, frente al Ministerio de Justicia, para exigir mejores condiciones salariales, refuerzo del personal carcelario y el pago por peligrosidad en el trabajo.
Luego los dirigentes sindicales del sector penal se reunieron con el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, para plantear sus reivindicaciones de forma directa.
Posteriormente actuó de vocero el titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jorge Alvarenga, quien advirtió que “los sindicatos con representación dentro de los penales, le damos plazo hasta el 25 de setiembre al Ministerio de Hacienda (Benigno López) a fin de que eleve el presupuesto consensuado con los sindicatos, que es un ajuste salarial del 30 por ciento”.
Alvarenga declaró que si no hay respuesta “estaremos libres de hacer lo que nos corresponde, que es ir a huelga. Así, los trabajadores estarán en la calle”.
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Al respeto, el ministro Ríos señaló que la Ley N° 6.365 de emergencia penitenciaria, ayudará mucho en la cuestión que motiva los reclamos.
Alcanza para 500
La citada ley establece una ampliación presupuestaria de G. 13.807.500.000 para el Ministerio de Justicia que, según dijo Ríos, ya lo habían solicitado en junio pasado y que recién ahora se les otorgó.
Actualmente hay unos 1.400 guardiacárceles. Ríos aclaró que ese dinero encierra solo la contratación de 500 agentes penitenciarios, que percibirán un salario de G. 2.750.000 y G. 900.000 como seguro médico, previsto para seis meses.
Ríos estimó que esos 500 se distribuirán en los penales del país, con lo que serán 21 agentes divididos en turnos y quedarían finalmente siete custodios en cada guardia. Añadió que sería ideal que los mismos continúen y que el presupuesto se amplíe a G. 26.000 millones para el 2020.