“La capacidad de respuesta del Poder Judicial frente a los hechos punibles de corrupción pública, hasta ahora, es altamente ineficiente como mecanismo de sanciones reflejadas en la baja efectividad de la justicia, con escasas condenas, varias prescripciones por falta de impulso en las causas, falta de elevaciones a juicio oral y demoras excesivas en la tramitación de los expedientes judiciales”, señala la nota.

Asimismo, el gremio pide a la Corte como una medida urgente, establecer una política institucional en materia de corrupción pública que contemple entre otras cosas, la especialización, agilización, estadísticas y el control en la tramitación de causas penales por corrupción pública.