El Análisis Transversal del Sistema de Protección es un trabajo impulsado por el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con apoyo de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el movimiento Paraguay Protege Familias (PPF).
El mismo es realizado en el marco de la campaña “#No más niños archivados” y consiste en un estudio de la totalidad de los expedientes tramitados en el fuero de la Niñez y la Adolescencia.
A la fecha, ya han sido evaluadas 160 causas de las 766 existentes y para diciembre está prevista la conclusión del trabajo, a cargo de consultores nacionales de la organización Enfoque Niñez y PPF y extranjeros.
El jueves último, se presentaron los resultados de esta primera etapa del estudio realizado, algunos de los cuales se detallan en la infografía que acompaña este material.
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Este trabajo nos permitió comprobar “oficialmente” los numerosos obstáculos que se presentan en los juicios de adopción “eternos” y que hemos denunciado en más de una ocasión a través de este diario.
“Debemos entender que el hecho de que esté un niño o una niña en abrigo, no significa que con eso se terminó nuestro trabajo. Esa es una medida cautelar y por lo tanto debe ser transitoria. Acá lo transitorio se convirtió en definitivo. Si la familia no está en condiciones de recibir a ese niño o a esa niña, tienen que buscarse las otras herramientas legales”.
Juicios de adopción (llámese medida cautelar, pérdida de la patria potestad y/o declaración de estado de adoptabilidad) con más de diez años de duración, otros que se inician en los primeros años de vida del niño y “terminan” con su egreso del abrigo al cumplir la mayoría de edad, son claros ejemplos de situaciones que no deben repetirse.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez, y los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Alberto Martínez y Miryam Peña expresaron su interés en el trabajo realizado y ratificaron el apoyo de la institución para instalar prácticas positivas para que los niños, niñas y adolescentes se formen dentro de una familia.
Es de esperarse que ante los resultados expuestos, los ministros tengan el coraje de apartar de la administración de justicia a aquellos profesionales que no se han desempeñado cabalmente en el ejercicio de sus funciones y han propiciado con su inacción u omisión, este tipo de situaciones.
El Estado debe preocuparse
Ministra Lorena Segovia: “Es cierto que tenemos hoy datos concretos, pero más que los datos numéricos, decir que son 800 o son 900, debemos entender que un niño o una niña o un adolescente privado de su derecho a vivir en familia es algo de lo que debe preocuparse y ocuparse el Estado. No se trata simplemente de cuántos niños son y que se diga es poco o es mucho. Es la vida que cambia en una situación de institucionalización”.