Poco antes del mediodía de ayer, representantes del sector sindical de los guardiacárceles; la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; la viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez; y funcionarios del Ministerio de Hacienda mantuvieron una reunión tripartita en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de destrabar la huelga prevista para el lunes.
Al culminar se supo que seis gremios –que según estima el Gobierno aglutina a unos 400 funcionarios carcelarios– se mantienen en la postura de ir a la huelga durante 30 días.
“Nos vamos a la medida de fuerza porque no hay clara muestra de interés de las autoridades para dignificar a los agentes”, declaró Myriam Orrego, secretaría general del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Asimismo, Orrego cuestionó que el Gobierno destine dinero a otras instituciones y a ellos, que cuidan a personas peligrosas privadas de libertad, se les niegue un reajuste salarial.
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Otro representante del sindicato de guardiacárceles, Juan Velázquez, señaló que actualmente hay guardiacárceles que cobran G. 640.000 y otros, G. 1.000.000 en concepto de peligrosidad.
Elizabeth Millán sostuvo que solicitan un reajuste salarial del 30%, pero de forma escalonada, es decir, 15% en 2019 y los otros 15% en 2020, para los 1.666 agentes penitenciarios que hay actualmente.
Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda señalaron que no será posible responder al pedido de los custodios debido a la recesión económica del país.
A cambio, Hacienda propuso otorgar 135 rubros que irán de entre G. 3.000.000 y G. 6.000.000 para beneficiar a 900 funcionarios, con lo que 700 agentes quedarían afuera. Esto a cambio de las 500 contrataciones que tenía planificadas el Ministerio de Justicia para intentar brindar mayor seguridad en los penales. Los sindicalistas también desmintieron las versiones referentes a que facilitarían la entrega de presos a estructuras criminales.