León, en su recusación contra las juezas Alba González, Mesalina Fernández y Gloria Hermosa, alegó que las mismas violaron el derecho a la defensa, que le garantizan la Constitución y las leyes. El pedido de apartamiento de las magistradas, que tendría como objetivo la dilación del proceso, será analizado por la Cámara.
En el informe al Tribunal de Apelaciones, las juezas solicitaron el rechazo de la recusación y enumeraron las chicanas promovidas por los procesados. Estos, incluso, presentaron una excepción de inconstitucionalidad para que no se realice una audiencia en la que se tenía prevista la aplicación de sanción disciplinaria.
El 26 de noviembre pasado, León revocó poder a su defensor Sergio Alegre y designó a los abogados Jimmy Páez y Luis Vergara. El primero habría sido nombrado con el propósito de apartar del juzgamiento a la jueza Fernández, quien tiene causal de inhibición con Páez.
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia no le dio intervención a Páez, quien a raíz de ello recusó a las juezas. Estas, a su vez, no dieron trámite a la presentación del letrado ya que no tenía intervención en el caso y se fijó para el viernes pasado el inicio del juicio.
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Sin embargo, cuando todo estaba previsto para el inicio de la audiencia pública, León recusó a las magistradas.
En este caso ya se hizo un juicio oral, que fue interrumpido por más de 10 días, por lo que se sorteó un nuevo Tribunal de Sentencia, que ahora busca llevar adelante la diligencia. Empero, los acusados presentan incidentes dilatorios, ya que la causa se extingue en mayo de 2020.
Nuestro país tiene la oportunidad de dejar un precedente importante. Según fuentes judiciales, en la región no existe condena por tráfico internacional de armas de guerra, que se da en este caso, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, representado por la fiscala Lorena Ledesma.
Los acusados y la acusación
Los antecedentes revelan que la causa tuvo su origen en un allanamiento del 9 de marzo de 2016, por agentes de fiscalía y de la Senad, en una vivienda ubicada en J.B. Rivarola Matto y Sergio Conradi de Villa Aurelia, Asunción. En el lugar se encontraron evidencias de tráfico de armas y otros, que motivaron la imputación y posterior acusación de Carlos León Ocampos, Víctor Hugo Ferreira, Eduardo Ramírez Cantero y Alfredo Ramón Sánchez Moreno. La acusación es por producción de riesgos comunes (cinco años de cárcel); ingreso por aduana no autorizada (cinco años); fabricación ilícita (hasta diez años), tráfico ilícito (hasta diez años), hechos punibles conexos (diez años) y acopio ilícito (diez años).