El fiscal adjunto de la unidad especializada contra el narcotráfico, Marco Antonio Alcaraz, dijo ayer a ABC que fue la misma Policía Nacional, institución comandada por Francisco Resquín Chamorro, la que identificó y suministró los nombres de sus 21 agentes que fueron apresados el 28 de octubre pasado en el marco de la operación North 2.
Esta es una investigación del fiscal Carlos Alcaraz y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuyo ministro es Arnaldo Giuzzio.
La citada pesquisa detectó una rosca policial que protegía en el departamento de Amambay a la banda del narcotraficante brasileño Levi Adriani Felicio, quien fue expulsado del Paraguay.
En la nómina de corruptos también estarían los propios agentes especiales de la Senad y hasta funcionarios de la Fiscalía, según las agendas del narco que fueron incautadas, pero ellos nunca fueron siquiera indagados.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El pronunciamiento del fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz se dio 24 horas después de la liberación del subcomisario Víctor Hugo Orué Giménez, quien pasó dos meses encerrado en la Agrupación Especializada siendo inocente.
Según la hipótesis inicial de la Senad y la Fiscalía, Orué fue grabado el 10 de mayo pasado cuando exigió por celular una coima de G. 10 millones y un lote de cervezas a cambio de no desmantelar un campamento marihuanero en la zona de la colonia Cascada de Amambay.
Sin embargo, cuando los investigadores interceptaron aquella conversación, Orué estaba en su casa de Asunción disfrutando de sus días libres con su familia.
Otro policía que también estuvo encarcelado injustamente en la misma causa fue el comisario principal Nilson César Salinas, quien recuperó su libertad el 13 de noviembre pasado.
En el caso de Salinas, la Senad y la Fiscalía lo culparon de haber negociado por teléfono la liberación de un miembro de la banda de Levi que estaba preso en la comisaría 3ª de Pedro Juan Caballero.
Sin embargo, después se comprobó que Salinas ya no era el jefe de dicha comisaría cuando se produjo aquella conversación telefónica.
Por otro lado, el abogado Filemón Meza, defensor del recluido comisario principal Germán Arévalo, planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio alegando que ante la falta de evidencias su cliente no puede seguir preso en esa causa. Resulta que hasta ahora el fiscal Carlos Alcaraz no entregó al Juzgado uno de los discos que faltan con las escuchas telefónicas atribuidas a los policías presos.