Hernández fue sentenciado inicialmente a 12 años de prisión por ese caso en 2019, pero una corte de apelaciones anuló el fallo y ordenó la repetición de la vista pública.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador estableció que Hernández “colaboró con las pandillas” al entregarles gasolina, líneas telefónicas, empleos de guardias municipales, mantenimiento a su vehículos y una “ayuda económica” mensual.
Añadió que se comprobó que dicha ayuda fue dada “a cambio de votar por él en las elecciones del 2015”, con lo que logró ser reelegido por un segundo período consecutivo.
Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), Hernández “accedió” a la instauración de un tributo a comerciantes de la calle principal del municipio para que “parte de los ingresos fueran entregados a los pandilleros”.
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Hernández comenzó a gobernar Apopa en el año 2012 y en mayo de 2015 comenzó su segundo período, para el cual pidió a los pandilleros y a sus familiares que le votaran a cambio de las citadas prebendas, según la investigación.
El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13), grupo al que Estados Unidos busca eliminar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias, que poseen 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.
Mucha violencia
El Gobierno atribuye a estos grupos criminales los índices de violencia de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes ocurridos entre 2015 y 2018, cifras que ponen al país como uno de los más violentos del mundo.
Esas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.