La Contraloría relata que de acuerdo a una objeción realizada por la Superintendencia de Bancos, la Caja de Jubilados Bancarios habría contratado de manera irregular a la empresa Maromig SA, para realizar el servicio de consultoría en la que debía elaborar un proyecto de factibilidad de inversión inmobiliaria para la Caja.
Sin embargo, la Caja Bancaria, según su carta orgánica Ley N° 2856/06, está imposibilitada de utilizar sus recursos para este tipo de inversiones, según lo descripto en el Art. 12 de la mencionada normativa.
De esta manera, la Caja Bancaria realizó de forma irregular el desembolso de G. 570 millones a favor de la empresa Maromig SA, por el servicio de consultoría, pero con el agravante que ni siquiera se realizó el trabajo encomendado por el cual ya se pagó, en detrimento del patrimonio del ente de seguridad social.
Según los antecedentes, la Caja Bancaria solicitó la elaboración del proyecto de factibilidad de inversión inmobiliaria a la empresa Maromig SA. Fundamentó su pedido que el beneficio de la inversión con la construcción de un edificio en la zona del Plan Centro Histórico de Asunción –proyecto denominado Parque Lineal de la Bahía de Asunción–, una zona de construcción de cuatro edificios ministeriales, redundaría a favor del ente.
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Sin embargo, conforme a los documentos analizados por la Contraloría, los inmuebles de la Caja están localizados sobre la calle Alberdi entre Eduardo Víctor Haedo y Humaitá, y no dentro del citado plan.
El hecho irregular que fue denunciado por la Contraloría ante la Fiscalía General se inició el 18 de diciembre de 2014 y concluyó el 26 de octubre de 2017.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción debe designar a un fiscal que llevará adelante la investigación del hecho de corrupción denunciado en perjuicio de la Caja.