Sin embargo, el Código Civil ampara a los demandantes en situaciones como las que vive actualmente el país debido al covid-19.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, aclaró que la no prescripción de las acciones civiles en casos como una emergencia sanitaria está establecido expresamente en el artículo 643 del Código Civil.
Añadió que por ese motivo la Acordada 1366 dispuso la suspensión de las actividades de la jurisdicción Civil y Comercial, a más de la Laboral, tanto de primera instancia como de los tribunales de Apelación, así como de los tribunales de Cuentas.
“Cuando los ministros preparamos el anteproyecto de la acordada, que después se trató y se aprobó en el pleno habíamos considerado esta situación, pero no nos preocupó porque está expresamente resuelto. No debería haber motivo de preocupación”, indicó el titular de la máxima instancia judicial.
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La Corte Suprema de Justicia ordenó que las demandas laborales que pudieran prescribir durante la vigencia de la medida sanitaria pueden presentarse en la mesa de entrada de Atención Permanente.
Según la ley, el plazo para los juicios laborales, por despidos sin causa justificada, es de 60 días.
Marco legal
El artículo 643 del Código Civil establece que “cuando por razón de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces librarán al acreedor o al propietario de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiere hecho valer inmediatamente sus derechos”.
La sala civil de la Corte es presidida por Martínez Simón e integrada por Eugenio Jiménez y César Garay.