Tras cuarentena, Fiscalía intentará hacer juicio oral suspendido 30 veces

El exintendente de Villa Franca (Neembucú) Antoliano Leguizamón fue convocado a su juicio oral y público el lunes 13 de abril, tras la cuarentena. El caso lleva 13 años desde su inicio y la audiencia fue suspendida 30 veces.

El fiscal Federico Solano López cuando presentó  acusación por lesión de confianza  contra el exintendente de Villa Franca Antoliano Leguizamón, el 30 de marzo de 2011. El caso se inició hace 13 años.
El fiscal Federico Solano López cuando presentó acusación por lesión de confianza contra el exintendente de Villa Franca Antoliano Leguizamón, el 30 de marzo de 2011. El caso se inició hace 13 años.

El fiscal Luis Piñánez advirtió que la defensa del político está apelando a chicanas para que, una vez más, evite el juzgamiento que ya fue suspendido en más de treinta ocasiones.

En la última ocasión, el exintendente Leguizamón se valió para truncar la audiencia pública de una falta de notificación del rechazo de una recusación por parte de la Cámara de Apelaciones de Pilar.

Incluso, el Ministerio Público tuvo que allanarse a una apelación en subsidio para que la chicana no fuera elevada para estudio en instancias superiores.

Ahora, el Tribunal de Alzada debe notificar nuevamente, y de forma correcta, el rechazo de la recusación al pleno del tribunal de sentencia integrado por Martha Paola Vera Cabral (presidenta), Óscar Cardozo y Claudia Karina Ferreira dos Santos (miembros titulares).

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En un primer juzgamiento realizado tras varias dilaciones, Leguizamón resulto absuelto, pero este fallo fue anulado en segunda instancia.

Peligro de extinción

De extenderse la cuarentena más allá del 12 de abril, a criterio del fiscal Piñánez, el tribunal de sentencia debe analizar si de igual manera debe iniciar o no el juicio oral y público porque el caso corre peligro de prescripción ya que transcurrieron más de 10 años desde que se inició el proceso penal.

Sin embargo, para el fiscal Piñánez, es factible la aplicación que ya es constante de la llamada “teoría de los plazos muertos”. Esta doctrina es fue aplicada últimamente en el caso “coquitos de oro” para evitar la prescripción-impunidad del caso, bien podría aplicarse al caso de corrupción que enfrenta Leguizamón, ya que la dilación es atribuible a la defensa.

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La acusación del Ministerio Público fue presentada ya el 30 de marzo de 2011 por el entonces fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio (actual director de la Senad).

De acuerdo a los antecedentes, Leguizamón cometió varias irregularidades en sus administraciones de 2001-2006 y 2006-2010 y produjo el perjuicio patrimonial de unos G. 1.500 millones mediante sobrefacturaciones y emisiones de cheques sin respaldo documental.

Entre las irregularidades detectadas esta la construcción de un tinglado municipal por G. 480 millones.

Chicaneros siguen impunes

- A pesar de la dilación extrema que ya llegó a los 13 años de proceso abierto por corrupción al exintendente de Villa Franca Antoliano Leguizamón, el Poder Judicial no sancionó al acusado ni a los abogados que plantearon chicana tras chicana para dilatar el caso. Incluso, la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional abrió una investigación, pero aún así todos los actores de la dilación siguen impunes, ya que el acusado puede ser beneficiado con la prescripción de la causa al haber transcurrido 10 años desde que se inició el proceso.

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