La agente del Ministerio Público explicó que si bien la causa estuvo muy “chicaneada” hasta ahora, la Cámara de Apelaciones de Asunción logro destrabarla y la jueza Penal de Garantías de Ciudad del Este Cinthia Garcete tiene vía libre para fijar la preliminar donde definirá el pedido de elevación a juicio oral y público por el hecho punible de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.

Hace un año y tres meses que el Ministerio Público acusó al legislador liberal del sonado caso de audios filtrados que lo involucran en un proceso judicial tramitado en los tribunales de Alto Paraná.

Para la Fiscalía está demostrado que Portillo mantuvo conversaciones telefónicas con la contadora Auda Fleitas (denunciante) y que estaba procesada por producción de documentos no auténticos y estafa.

Según los audios, el legislador le dijo a la mujer que dos camaristas –de los tres encargados– ya habrían firmado una resolución favorable por su caso.

Los jueces encargados eran Aniceto Amarilla, Myriam de Meza e Isidro González Sánchez, a quien, supuestamente, le faltaba firmar.

El parlamentario explicó a la denunciante que no tenía tiempo para encontrarse con ella, por lo que la mujer le responde dónde puede enviarle el giro, depósito o entrega. Ante esa situación, el diputado Portillo le dijo que uno de sus familiares podría acercarse.

US$ 3.000 para una resolución favorable

En la acusación se consigna que Portillo pidió US$ 3.000 para la resolución favorable. Asimismo, el Ministerio Público también acusó por tráfico de influencias a la abogada Lucía Escobar Santacruz, exsecretaria general de la Municipalidad de Hernandarias.

La exfuncionaria municipal fue procesada por los mismos delitos que el diputado Carlos Portillo, excepto por cohecho pasivo agravado, ya que supuestamente fue el nexo entre el legislador liberal y la contadora Auda Fleitas.