En el caso conocido como “tapabocas de oro”, en el que se aprovechó la crisis sanitaria para que bajo la administración de Melgarejo se compren mascarillas N95 a G. 29.000 cada una, se da un cruce entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. En el medio se utiliza la disposición de la Corte Suprema de Justicia de realizar notificaciones por telemática (medios técnicos) que se utiliza en medio de la crisis sanitaria y la cuarentena por el covid-19.
El juez penal de garantías Rolando Duarte fue el que dispuso el arresto domiciliario de Melgarejo Ginard el día que se conoció la imputación fiscal y el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público.
Esto fue el viernes 1 de mayo y el magistrado dijo a periodistas apostados en el Palacio de Justicia que la notificación se realizó a través del mensaje vía telefónica, de acuerdo al informe del actuario.
Si esto se tiene en cuenta de manera tal, la Fiscalía tenía plazo para apelar hasta el pasado miércoles 6 de mayo porque son cinco días corridos.
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Para los fiscales Omar Legal, Alicia Sapriza y Federico Delfino en el expediente solo consta la notificación por escrito del lunes 4 de mayo, por lo que el tiempo de apelación se cumplió el pasado sábado, día en que presentaron el escrito.
El artículo 152 (Código Procesal Penal) prevé que tanto los fiscales como los defensores deberán ser notificados en sus oficinas. El párrafo siguiente dice: “salvo cuando expresamente hayan fijado una forma especial para ser notificados”.
“En este caso puntual, fuimos notificados recién el día 4 de mayo de 2020, según consta en la cédula de notificación que fuera entregada en la unidad fiscal; ninguna otra forma de notificación es idónea, más aún sin el consentimiento de nuestra parte, ya que en la imputación para eso se denuncia domicilio procesal”, explicó el fiscal Omar Legal.
Agregó que no existe ningún protocolo que invalide este medio de notificación; el uso de los medios telemáticos no es para las notificaciones, sino para evitar aglomeraciones en las audiencias, como disposición de medida sanitaria en medio de la pandemia. Estas dos versiones contrapuestas deberán ser definidas por la Cámara de Apelaciones que resulte sorteada.
Dos procesados se abstuvieron
Dos imputados en este presunto negociado de los “tapabocas de oro” fueron convocados a audiencias de declaraciones indagatorias en la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, pero se abstuvieron de declarar.
Fernando Gallardo De Brix, exadministrador del Aeropuerto Silvio Pettirossi, se presentó con el abogado Rodrigo Yódice, quien adujo que la imputación contra su representado “es temeraria”.
También compareció ayer Luz Chamorro, exgerente administrativa de la Dinac, que tiene como abogado a Andrés Casati y también se abstuvieron de brindar su versión. Esta mañana fueron citados a declarar para las 9:00 Marcelino Ovelar y, a las 12:00, Juan Turitich.