Acusaron a cómplices del contralor, quien se salva por contar con fueros

El fiscal Leonardi Guerrero acusó ayer a dos funcionarios de la Municipalidad de Asunción en el caso de la no apelación del fallo arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur. El entonces asesor jurídico de esa institución municipal, actual contralor general de la República, Enrique García, se salvó de momento del pedido de juicio oral y público en su contra, porque nunca fue desaforado en el Congreso Nacional.

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Los acusados son Julio Orlando González Giménez, abogado de la Municipalidad, y Rodolfo Duarte, auxiliar de asesoría jurídica.

Según el fiscal Guerrero, los citados, junto con García, usaron documentos falsos para justificar la no presentación de la apelación del fallo de un tribunal arbitral que condenó a la municipalidad capitalina a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur, en concepto de una indemnización. Esa empresa, este año condonó la deuda a cambio de otros 10 años de explotación de la inspección técnica vehicular.

El agente fiscal presentó el escrito en el Juzgado Penal de Garantías N° 2, a cargo de Alicia Pedrozo, quien debe señalar ahora fecha de audiencia preliminar.

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Según el investigador, el 6 de octubre de 2016, por disposición del entonces director jurídico Enrique García, el auxiliar Rodolfo Duarte debía presentar una apelación del laudo arbitral que salió en contra de los intereses de la Municipalidad de Asunción.

Esto no sucedió y a sabiendas de esa falta, el 11 de octubre de 2016, el asesor jurídico, Enrique García, solicitó al abogado Julio González que redacte un escrito de acumulación de expediente, al efecto de que el escrito de nulidad sea agregado al juicio del laudo arbitral que obra en la Quinta Sala del Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral.

Julio González elaboró el escrito de pedido de acumulación y nuevamente fue Rodolfo Duarte quien llevó el documento a la Quinta Sala del Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial.

En ese momento se informó de que tal apelación no existía y la actuaria judicial Viviana Cabrera señaló que fue falsificada su firma y una pericia corroboró que la misma no le correspondía a ella ni a veinte funcionarios de la dependencia. El sello de la Sala, sin embargo, sí era original.

Trabó su desafuero

El contralor Enrique García logró trabar el proceso en su contra, gracias a que el Tribunal de Apelación dispuso que para que afronte el caso debe ser removido mediante un juicio político. Es por este motivo que todavía cuenta con sus fueros y el plazo no corre en su contra. Está imputado como autor del uso de documento público de contenido falso.

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