Por acordada número 566 del 14 de abril de 2009, la Corte conformó una “Comisión de Organización y Coordinación de la Subasta Pública”. La misma está integrada por el director general de Administración y Finanzas del Poder Judicial, Roberto Torres; el juez de ejecución Víctor Medina; el superintendente de justicia, Rafael Monzón; el director de Auditoría Interna, Miguel Basualdo; y el director del Departamento de Patrimonio, Luis Bordón.
La referida comisión, que se habría creado al margen de la ley, es la que se encargará de la subasta de todos los bienes comisados por el Poder Judicial, en diferentes procesos, en su mayoría a narcotraficantes.
Hoy se tiene previsto rematar varios vehículos (ver infografía), que no tienen mucho valor. Sin embargo, el negocio estaría en la subasta de lujosas mansiones y aviones, que la justicia quitó a los narcotraficantes y aduaneros condenados en juicio oral.
Para el remate se designó como martillero a Omar Magín Gómez, cuyo nombramiento ya habría sido maniobrado, según fuentes.
Existe una lista de rematadores en el Poder Judicial, de la que debe ser asignado uno para cada caso.
Por otro lado, los remates de los bienes comisados, según la ley, tienen que estar a cargo de los jueces de ejecución. Los magistrados tienen que hacer la subasta pública de los productos en cada causa.
Se habla de que todo se trata de un feroz negociado, para que una “rosca” se quede con valiosos inmuebles, mansiones y aviones.
Si está establecido en la ley cómo se debe hacer el remate de los productos comisados, la Corte, por acordada, no puede crear una comisión que se encargue de la “organización y coordinación”.
La Corte está obligada a transparentar sus actos y el objetivo de una subasta pública es precisamente eso. En este caso, se fortalecen las sospechas de que se estaría ante un feroz negociado, que favorecerá a un grupo que preparó el esquema.
La máxima instancia judicial debe proveer la lista de los productos comisados, para despejar cualquier duda. Los bienes además tienen que ser vendidos en una subasta transparente y no amañada. La ley establece que el 30 por ciento de lo recaudado se le tiene que dar a la Senad y el 70 por ciento al Ministerio Público.
Lo que es sumamente criticable, según las fuentes, es la acordada de la Corte por la cual se crea la comisión, que está integrada en su mayoría por funcionarios administrativos.