Bajo patrocinio del abogado Rodrigo González Planás, De Vargas plantea ante la Cámara de Apelación de feria que se declare la extinción de la acción penal porque tras reanudarse el proceso penal con la acusación por parte del Ministerio Público, el juzgado no decretó taxativamente que “se ordena la reapertura de la causa”.
Sin embargo, tanto el juzgado como el fiscal Luis Piñánez son del criterio que con la admisión de la acusación y la fijación de la fecha de audiencia preliminar, ya se declaró tácitamente la reapertura de la causa luego que De Vargas fuera beneficiado con el sobreseimiento provisional, por el plazo de un año.
De Vargas y el también exministro de la Senad Luis Rojas, junto a otras personas, fueron acusadas por el Ministerio Público por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Según la Fiscalía, De Vargas pagó G. 9.406.120.000, en el 2012, y Rojas G. 1.250.000.000 en 2015, por equipos de espionaje a la firma “Televox SRL”, creada solamente para perpetrar esas transacciones con la Senad.
A pesar de la “compra”, los equipos no pudieron ser encontrados en la Senad.