Diputado cartista volvió a chicanear para evitar ir a juicio oral y público

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El diputado cartista Óscar Venancio Núñez logró que se suspendiera una vez más la audiencia preliminar donde se debe definir si afronta o no juicio oral y público por el desvío de G. 30.000 millones en la Gobernación de Presidente Hayes. Es la octava convocatoria del político colorado que quedó sin efecto. Otro que chicaneó su preliminar es Roberto Osorio, suboficial de policía involucrado en escándalos y acusado por enriquecimiento.

El juez penal de Garantías de Villa Hayes Víctor Ronzewsky tuvo que suspender nuevamente la preliminar del parlamentario Óscar Venancio Núñez.

Esta vez, el cartista utilizó como ardid la designación de nuevos abogados, quienes pidieron copia de la carpeta fiscal y expediente judicial y solicitaron la postergación de la diligencia.

Es la octava ocasión en que Núñez dilata que se defina si afrontará o no juicio oral y público por el despilfarro de G. 30.000 millones en la Gobernación de Presidente Hayes durante su gestión en 2008-2013.

El político, en las internas del domingo pasado entró como diputado suplente de su hermano Basilio “Bachi” Núñez, ministro asesor del presidente Horacio Cartes.

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De acuerdo con la acusación del fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera, durante la gestión de Óscar Núñez se desviaron G. 30.000 millones mediante la expedición de 900 cheques que fueron cobrados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y que no cuentan con documentos respaldatorios.

Otras 40 personas, en su mayoría funcionarios de la gobernación de ese entonces y parientes del legislador cartista, estuvieron incluidas en el proceso penal y se allanaron a salidas alternativas mediante la aceptación de los cargos. Muchos de los involucrados cobraron los cheques de la Gobernación y luego entregaron los montos al propio Núñez.

El modus operandi fue demasiado burdo porque no existe ni un solo documento que justifique el destino de los G. 30.000 millones cobrados en el BNF.

El diputado colorado soporta otras dos causas por lesión de confianza y ambas las dilata. Una tiene que ver con el desvío de G. 905 millones, fondos de emergencia hídrica de comunidades indígenas y otra con el daño de G. 1.050 millones del programa “Una computadora por niño”.