Evidencias revelan grosero negociado en ANDE con pago de indemnizaciones

Los fiscales José dos Santos y Martín Cabrera refirieron en la imputación unos 17 casos (ver infografía de tres de ellos), en los cuales se pagaron indemnizaciones al margen de la ley. Sindicaron a Heisele como autor del hecho punible de lesión de confianza, por un perjuicio de G. 9.451.992.829 a la ANDE. Los funcionarios Mónica Rodríguez (directora jurídica) y Jacinto Bernal en calidad de cómplices, al igual que los abogados de los dueños de los inmuebles indemnizados, René Aranda y Ángel Javier Galeano.

Los agentes del Ministerio Público explican que el 2 de diciembre de 2011 la entidad binacional Itaipú y el Consorcio CIE-Elector firmaron un contrato para la implementación de la línea entre la subestación localizada en la margen derecha de la Itaipú-SEMD y la Subestación de Villa Hayes, incluyendo la provisión de materiales, equipos y servicios.

El 4 de octubre de 2010 se había firmado entre la Itaipú y la ANDE un instrumento de compromiso que tenía por objeto establecer el marco de relacionamiento y las obligaciones de ambas partes en la implementación del sistema de transmisión en 500 kV del Paraguay. Entre las obligaciones de la ANDE se encontraba “Obtener la plena liberación de acceso y uso –sin ningún costo para la Itaipú– de todas las áreas afectadas para la implantación de las instalaciones y equipos ...”.

Los fiscales explicaron igualmente que la ley que crea la ANDE establece que gozará del derecho de servidumbres en propiedades públicas y privadas.

El artículo 76 de la citada ley dice que “ANDE podrá establecer la servidumbre de electroducto que consistirá en el derecho de atravesar propiedades de terceros con líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de mando, e instalaciones accesorias”. Conforme al artículo 77, “El dueño u ocupante del predio sirviente está obligado a permitir el acceso a su propiedad del personal autorizado por ANDE... En caso de negativa del propietario u ocupante, ANDE recabará la autorización del Poder Judicial”.

En la mayoría de los 17 casos, ante la negativa de los dueños de los inmuebles de permitir el ingreso de los funcionarios de la ANDE y de rechazar las indemnizaciones propuestas, el ente recurrió al Poder Judicial y obtuvo resoluciones favorables, ya que así lo establece claramente la ley.

Sin embargo, pese a ello los imputados Mónica Rodríguez y Jacinto Bernal recomendaron llegar a un acuerdo con los propietarios. Incluso ignoraron la tasación hecha por el Departamento de Topografía de la propia institución, que fijó un precio mucho más reducido en todos los casos.

En escena también aparecieron los abogados Aranda y Galeano, quienes se acercaron a los propietarios de unos cinco inmuebles de Hernandarias y les prometieron que conseguirían una indemnización mucho mayor gracias a los contactos en la ANDE. Efectivamente, así fue ya que sus clientes recibieron buena paga, pese al monto reducido que estableció Topografía.

Para el Ministerio Público todo esto formó parte de un esquema que operó en la ANDE y que le causó un perjuicio de casi G. 9.500 millones, mediante el pago ilegal de indemnizaciones.

Dos Santos refirió ayer a ABC que el Ministerio Publico analiza otros 47 casos similares y que ahora la ANDE le tiene que remitir las respectivas carpetas de la tramitación de la indemnización por parte de los propietarios cuyos inmuebles también fueron afectados por la construcción de la línea 500 kV.

En la infografía se citan como ejemplos tres casos de los 17 mencionados por la fiscalía en la imputación.