La imputación por lesión de confianza contra los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) la presentó el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera, el viernes, cerca de las 13:00, ante el juzgado a cargo del juez penal de garantías Humberto René Otazú.
El magistrado debe analizar la imputación y luego inmediatamente fijará la fecha de la audiencia de imposición de medidas.
El fiscal Cabrera solicitó medidas alternativas para De Vargas y para Rojas, así como para los otros 9 procesados.
La causa penal tiene que ver con la compra irregular de dos equipos de escucha telefónica adquiridos para la Senad. En el 2012, De Vargas, siendo titular de esta institución desembolsó G. 9.406 millones por el denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, que para la Fiscalía esta operación fue innecesaria, ya que el equipo ni se habría utilizado.
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La segunda compra del llamado “equipos tácticos de comunicación”, fue realizada por el entonces ministro Luis Rojas, por el que pagó G. 1.250 millones.
Para ambas operaciones se recurrió a la firma Televox SRL, creada solamente para consumar estas transacciones con la Senad. El Ministerio de Hacienda y Aduanas informaron que Televox solamente realizó las dos operaciones, y luego ya no reportó movimiento.
El total pagado por la Senad fue de unos US$ 2.500.000.
También están imputados los directivos de Televox Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda, por contrabando y producción de documentos no auténticos. Su contadora Silvia Jara Acha está procesada por producción de documentos no auténticos.
Los exfuncionarios de Senad Antonio Pereira, Silvio Amarilla, Alberto Ferreira, Adalberto Benítez, Hugo González y Jessisa Reyes están imputados por leción de confianza (complicidad).