El agente lleva adelante el proceso contra Bower y otros exmilitares desde el inicio, en mayo de 2000.
Como es una causa que no prescribe al tratarse de un crimen de lesa humanidad, las defensas utilizan todas las chicanas para burlar la audiencia preliminar e impedir que se sustancie el juicio oral.
Centurión explicó que no se apartó del proceso por lesión corporal en el ejercicio de funciones y torturas, pero realizó una consulta al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, de quien aguarda evidentemente un apoyo institucional.
El fiscal explicó a su superior que hace 10 años mantuvo un litigio judicial con la abogada María Isabel Candia Hermosilla, cuya intervención fue aceptada por el camarista Agustín Lovera Cañete de forma muy sugestiva, por la defensa del otro acusado, el excomisario Merardo Palacios.
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Con la intervención de Candia se logró apartar al juez penal de garantías Julián López. Ahora aceptó intervenir su colega Gustavo Amarilla Arnica.
Centurión, por su parte, comunicó a Díaz Verón que no cuenta con ninguna animadversión contra la citada profesional, que siempre se presenta en sus casos con la intención de inhibirlo.
En diciembre del año pasado, el abogado Rolando Alum denunció y pidió la intervención de la Superintendencia de la Corte Suprema a fin de que se investigue al camarista Lovera Cañete por haberse prestado a la nueva chicana y también pidió que se declare litigante de mala fe a la abogada María Isabel Candia. La causa ahora es auditada por esta circunstancia.
Además de Bower y Palacios, están acusados Osvaldo Vera Espínola y Basilio Pavón, quien ya falleció hace unos años.
De acuerdo a los antecedentes, el proceso se inició tras la denuncia de apremios físicos sufridos por varios uniformados policiales en servicio activo, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis González Macchi, entre el 18 y 19 de mayo de 2000.
Pese a las innumerables chicanas, ninguno de los acusados y sus abogados fueron sancionados.
La Corte Suprema ya declaró que el caso es imprescriptible.