Fiscala acusa a exministro Buzarquis por lesión y usurpación de funciones

La fiscala Victoria Acuña acusó a Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), exministro de Obras Públicas, por obligar al Estado a contratar con una empresa italiana por la suma de US$ 500.000 con fondos del MOPC y US$ 100.000 con dinero proveniente de Yacyretá. La defensa anunció que denunciará a la agente ante el Jurado.

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Acuña acusó por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas al exministro por un convenio firmado con la empresa italiana Anas Internacional Enterprise SPA, representada por Pietro Ciucci.

Según la investigadora, el 24 de setiembre de 2012 se firmó el convenio donde se establecían “estudios de suelo en la Región Occidental para la construcción de carreteras y un plan de desarrollo departamental en Ñeembucú para la gestión de catástrofes”.

“El hoy acusado obligó al Estado paraguayo (MOPC) a pesar de que dichos estudios ya fueron realizados con anterioridad conforme al informe del Departamento de Viabilidad del MOPC”, se desprende de la acusación.

Se agrega: “Por ende no existía necesidad que justificara generar una nueva obligación pecuniaria, causando un perjuicio patrimonial que asciende a la suma total de US$ 600.000”.

Con relación al trabajo técnico de Anas, la fiscala indica que fue incompleto con relación al análisis de seguridad vial, y con relación a lo que debió hacerse en Ñeembucú, se hizo de forma genérica y no sobre contingencias naturales específicas.

A esto se suma el hecho de que Buzarquis no contaba con autorización del Poder Ejecutivo para comprometer fondos del Estado paraguayo, que además ni siquiera estaban presupuestados, conforme se desprende del memorándum de fecha 16 de enero de 2012, y por ello cometió usurpación de funciones públicas.

Denuncia en el Jurado

Enrique Salyn Buzarquis, junto a los abogados José Domingo Almada y Carmelo Caballero, anunció que denunciará esta semana a la fiscala Acuña ante el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de funciones.

El político liberal hizo hincapié en que la agente cedió ante presiones de la actual cartera de Estado, específicamente del ministro Ramón Jiménez Gaona.

“Me dieron el sobreseimiento provisional y estaba para el definitivo, pero hubo un factor exógeno que hizo cambiar”, indicó.

Almada, por su parte, indicó que la investigadora no encontró perjuicio patrimonial porque el dinero no se desembolsó y tampoco hubo usurpación de funciones.

Explicó que por eso la denuncia será por “desconocimiento de la ley” y “falta de objetividad”.

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