Cargando...
El recurso fue presentado por César Amado Pérez González, quien sostuvo que el registro de la causa “Ministerio Público contra Manuel Espínola, Antolín Rodríguez y César José Amado Pérez González sobre hurto agravado” le ocasiona enormes perjuicios, además de considerar que dicha información es violatoria de su derecho a la privacidad.
“Bien se sabe que los antecedentes policiales son fuente de discriminación, propicia la desigualdad de trata y de oportunidades”, refiere Pérez.
El recurrente resalta que ya ha cumplido con su pena, motivo por el cual se dispuso la extinción de la pena, dato que consta en el certificado correspondiente.
La petición fue descartada por el magistrado Delmás, quien adujo que la garantía constitucional está prevista para destruir datos erróneos, que no es el caso del recurrente.
“Este magistrado quiere hacer hincapié en que la garantía constitucional del hábeas data establecido en el capítulo XII, art. 135 de nuestra Carta Magna, dice textualmente en su última parte: “...podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos, o afectaran ilegítimamente sus derechos...”. En este sentido se puede interpretar que dichos verbos rectores se refieren a datos de informaciones erróneas, en este caso particular, según constancia de autos, dichas informaciones, datos son veraces según el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (...)”, refiere el juez, tras destacar que el propio accionante reconoce que no existe cuestionamiento a la veracidad de dichos datos.
Delmás indica que la cuestión debe ser objeto de estudio por parte del juzgado que tuvo a su cargo su proceso o el juzgado de ejecución.
Caso similar
A fines del año pasado, la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná revocó un fallo del juez de Ciudad del Este, Nelio Prieto, que ordenó al diario ABC Color suprimir los nombres de los presuntos autotraficantes Fredy Cuéllar Soler y el brasileño Claudecir da Silveira Savino, quienes mediante un hábeas data pretendían que notas periodísticas de 2006, 2007 y 2010 sean borradas.