Las juezas Nilda Giménez y Gloria Hermosa, quienes integraron el tribunal de sentencia donde se aplicó una pena mínima de 5 años a dos acusados por tenencia de 80 pastillas de éxtasis y por la que se negociaron los US$ 30.000, se desmarcan del hecho y se apunta a la presidenta del tribunal, Alba González.

De hecho, la implicancia o participación de la magistrada Alba González no está descartada por la fiscala Liliana Alcaraz, quien hasta ahora imputó a su actuario judicial Víctor Daniel Marecos Benítez, privado de su libertad en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, y el funcionario administrativo Héctor Leguizamón López, prófugo y con orden de captura.

La agente ordenó la pericia del teléfono celular incautado de Marecos el día de su aprehensión, que tuvo lugar el pasado lunes. Allí espera encontrar pruebas.

Ayer la jueza Gloria Hermosa dijo que se encontraba “sorprendida, estupefacta” con lo que aconteció. Aseguró que el actuario judicial participa de las deliberaciones y de toda la tramitación del juicio oral, por lo que maneja “información privilegiada”. Con esto dio a entender que puede estar involucrado por su cuenta.

También precisó que ella era solo miembro del tribunal y que de la organización, fijación de fechas y notificaciones de un juicio tiene la responsabilidad la presidencia. “Los miembros no tenemos siquiera acceso físico a la causa hasta el día del juzgamiento”, dijo.

Hermosa negó tener implicancia en el hecho. Dijo que fue un caso más y que el Ministerio Público pidió la sanción de 5 años, pena impuesta por unanimidad.

Por su parte, la jueza Nilda Giménez pidió ayer a la Corte que se audite la causa. Asimismo, ya envió una nota al presidente de la Sala Penal de la Corte, Sindulfo Blanco, citando irregularidades en cuanto al adelantamiento del juicio que estaba fijado primero para el 15 de noviembre de este año.