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La acusación es llevada adelante por el fiscal de esta ciudad, Bernardo Elizaur.
Según el Ministerio Público, la mujer procesada junto a otra agente de tránsito, Carmen Avelina Gómez, sorprendieron a una menor de edad al conducir una motocicleta por el centro de la ciudad, el 28 de setiembre de 2008. Al lugar acudió la abuela de la infractora, a quien pidieron G. 50.000 para liberar a la motociclista. Sin embargo, las agentes de tránsito se habrían quedado solo con G. 30.000.
Posteriormente, la abuela formuló la denuncia ante las autoridades municipales y el intendente de entonces, Federico Alderete (PLRA), remitió los antecedentes del caso a la fiscalía local.
El fiscal Elizaur inició una investigación a las dos funcionarias municipales y en la audiencia preliminar el representante del Ministerio Público planteó salidas procesales para ambas, teniendo en cuenta que el daño fue mínimo.
Una de ellas, Carmen Gómez aceptó, pero en el caso de Nancy Duarte, la misma defensa se negó a aceptar la salida alternativa y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
Paralelamente, el jefe comunal las destituyó de sus cargos, pero luego fueron restituidas por la justicia tras ganar las demandas que plantearon contra el municipio.
Según el Art. 300 del Código Penal vigente, el cohecho pasivo se castiga con pena de hasta 3 años de prisión o con multa.
El tribunal de sentencia lo integran los jueces Luis Giménez Sánchez, Víctor Caroni y Loida Alfonso.