Magistrado rechaza prejudicialidad y nulidad de imputación en caso Indert

El juez Rubén Riquelme rechazó la prejudicialidad e impugnación de imputación al extitular del Indert Luis Ortigoza y a la escribana Martha Roa de Vargas. Ahora la Cámara decidirá la viabilidad de ambos pedidos. Además, ayer impuso medidas a otros dos imputados.

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Riquelme rechazó idénticos planteamientos que hizo el abogado Álvaro Arias, defensor de Ortigoza y Roa.

Consideró respecto a la prejudicialidad que, aparte del hecho de que la Contraloría General esté auditando la compra de inmuebles de Cordillera de la empresa San Agustín SA, se trata de un delito de lesión de confianza, que es de acción penal pública, independientemente de expedientes en sede administrativa.

Con relación a la solicitud de nulidad del acta de imputación, al cual se opuso también la fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña, explicó: “... es claro para este juzgado que la conducta atribuida a los imputados de autos se hallan descriptas... los indicios han sido expuestos por el Ministerio Público cabalmente en el acta de imputación, que es un inicio del proceso”.

Tras este fallo, el expediente subirá a la Cámara, que debe estudiar los sendos planteamientos que eran con apelación en subsidio. Mientras tanto, ni Ortigoza ni Roa recibirán medidas alternativas para sujetarse al proceso penal.

En idéntica situación está Emmanuel Friedmann, del Ministerio de Hacienda, miembro de la Junta Asesora. Su abogado Jorge Bogarín se ratificó ayer en el pedido de nulidad de imputación y prejudicialidad en una audiencia de reposición.

Medidas para dos

Milciades Duré, exgobernador de Cordillera y diputado electo, y Justo Gamarra, exintendente de Iruña, obtuvieron medidas.

Riquelme les impuso prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio, comparecencia mensual y fianzas personales de sus abogados, Juan Benítez (Duré) y Nelson Mora (Gamarra), hasta llegar a la suma de G. 500 millones, que en 15 días deberán ser cambiadas por caución real (inmuebles).

Duré dio su versión respecto al presunto negociado con la compra de tierras de la firma San Agustín SA, que alcanzó la suma de G. 46.000 millones. Dijo que ni siquiera conoce al senador Jorge Oviedo Matto (involucrado en este hecho) y aclaró que la Junta solo analizó la compra luego de que el titular del Indert elevara los antecedentes. “Conozco mi departamento y había una necesidad social. No fue nada irregular. Yo estuve al margen de cualquier negociación política”, enfatizó.

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