Por ejemplo, la fiscala Lisa Martínez calificó la conducta de Marcelo Gómez Mallorquín en las previsiones del artículo 197 del Código Penal, que hace referencia al ensuciamiento indebido de las aguas. La agente manifestó que el mismo desarrolló una conducta culposa, es decir, negligente, debido a un error de cálculo en la descarga del combustible.
Por otro lado, calificó la conducta de Alcides Ramón Argüello Villalba en las previsiones del art. 5 inciso “e” de la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente, referente a incumplimiento de obligaciones legales relacionadas a medidas de mitigación ambiental.
Según los expertos, esta última calificación es absolutamente desatinada, ateniendo que este tipo penal no sanciona la conducta culposa, por lo que, de sancionar por conducta dolosa la acción de Argüello Villalba, debería sancionar por conducta dolosa también a Gómez Mallorquín. Además, en el caso de este último debió aplicar el artículo 16 del Código Penal, que habla de actuación en representación de otro, y procesar a los directivos.
Otra “falencia” grave en la investigación fiscal, de acuerdo a los que conocen la materia, es no incluir la conducta de los investigados en el concurso de delitos, como el hecho punible de procesamiento ilícito de desechos, establecido en el art. 200 del Código Penal.
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Este tipo penal sanciona el vertido de desechos, fuera de las instalaciones previstas, o apartándose considerablemente de las prescripciones normadas, y define a desecho como las sustancias inflamables, o a aquellas que por su cualidad o cuantía puedan contaminar gravemente el aire o el suelo. En el caso del diesel derramado, como derivado del petróleo, tiene el potencial de contaminar gravemente el agua o el suelo, y más aun considerando la cantidad derramada.
La Fiscalía Ambiental se ha convertido en un instrumento de blanqueo, que utiliza su estructura para beneficiar a grandes contaminadores y destructores de los recursos naturales y el ambiente. En manos de agentes de esta desprestigiada unidad está velar por nuestros recursos y los de generaciones futuras. Ojalá que la autoridad máxima del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, adopte medidas para revertir esta situación.