Con la resolución adversa para Legal, se debe proceder al desalojo de una pareja de ciudadanos argentinos, funcionarios de la Embajada de ese país, a quien la expareja del dictador alquilaba una vivienda por US$ 1.000 mensuales, de forma irregular.

La casa es de Cáceres, pero “Ñata” habría fraguado un contrato de compra-venta para quedarse con la propiedad. Este proceso de desalojo también derivó en una denuncia penal por producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación contra Legal, en la unidad penal a cargo de la fiscala Mónica Fernández.