“El problema con la ley tal cual fue aprobada es que no están previstas las disposiciones transitorias que establezcan el momento a partir del cual va a empezar a regir la nueva ley, y cuál es el efecto que va a tener sobre los procesos en curso. Al no tener ninguna disposición, corresponde la aplicación de la ley más favorable, lo que va a generar que muchos casos que encuentren en trámite y en los cuales con la vigencia de la Ley Camacho no corren peligro de extinción, con esta nueva ley sí estarían en peligro de que se cumpla el plazo para la culminación del proceso”, explicó el agente fiscal.

Fernández destacó que la Fiscalía tiene y cumple con los plazos establecidos para las distintas etapas del proceso, pero una vez que presentan el requerimiento conclusivo, quedan a merced de la diligencia de la administración de justicia.

“A partir de ahí el único recurso que tenemos es el urgimiento”, indicó, tras recordar casos que llevan meses estancados.