Ante la incomparecencia a la audiencia de imposición de medidas cautelares, de la escribana María Cristina Paiva Valdovinos, el abogado Gustavo Brígido Bogado Benítez y los particulares Julián Benítez Niz y Luis Alberto Marín Mir, el juez de garantías de feria Sosa Pasmor, decretó la rebeldía y ordenó la captura de los mismos.
El fiscal Édgar Sánchez Caballero, quien no concurrió para la citada audiencia, requirió al juzgado la imposición de la prisión preventiva.
El agente fiscal imputó el 9 de enero pasado a Paiva Valdovinos, Bogado Benítez, Benítez Niz y a Marín Mir por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso y asociación criminal.
El abogado Leonardo Garófalo, defensor de Bogado Benítez y de Marín Mir, solicitó la suspensión de la audiencia de imposición de medidas. Argumentó que necesitaba tiempo para tramitar la fianza que iba a ser ofrecida en la diligencia.
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Antecedentes
El 8 de octubre de 2011, Marta María Coronel Rojas presentó denuncia contra los ahora procesados por la comisión de delitos contra la prueba documental.
Coronel Rojas fue declarada heredera universal, el 7 de julio de 1988, por la entonces jueza María Sol Zuccolillo, de los bienes de quien en vida fue su esposo, Carlos Eleuterio Cartes Duarte, fallecido el 22 de febrero de 1988.
El 15 de marzo de 2010, Benítez Niz se presentó ante la escribana pública Paiva Valdovinos y “celebró un contrato de compraventa” con el fallecido Cartes Duarte.
Posteriormente, en otro juicio, Marín Mir trabó un embargo sobre el inmueble que “adquirió” Benítez Niz, que fue aprobado por el exjuez Silvino Delvalle, el 4 de febrero de 2011, según A. I. N° 35.
“Transferencias” del occiso
- El inmueble que “transfirió” el fallecido Carlos Eleuterio Cartes Duarte está individualizado como finca N° 6379, del distrito de La Recoleta, de nuestra capital. Esta propiedad fue “comprada” en un remate por unos G. 930 millones, lo que demuestra que su valor es muy superior, ya que siempre los inmuebles son ofertados por un precio base, que luego puede ir subiendo, de acuerdo a la puja.
- Los otros inmuebles que el occiso “transfirió” son las fincas N° 22123 y 22124, pero los certificados de transferencias falseados supuestamente por la escribana María Cristina Paiva Valdovinos, se realizaron en Ayolas, cuya causa está a cargo del fiscal de esta localidad, Hugo Segovia.