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Hace varios años, la Corte Suprema prohibió que los funcionarios judiciales realicen “lobby” ante los parlamentarios para obtener recategorizaciones y aumentos salariales. Esta práctica distorsiona el proyecto presupuestario y reales necesidades de recursos humanos del Poder Judicial, al ocupar cargos y funciones donde no hacen falta, habían argumentado.
Además, el “lobby” ante los parlamentarios hace que el Poder Legislativo se inmiscuya en el Poder Judicial, tan criticado por la misma ciudadanía, indicaron.
Según investigaciones de nuestro diario, la funcionaria judicial Miryam Elsa Romero de Rodríguez es esposa del diputado de Misiones Pablino Rodríguez (ANR). Esta mujer consiguió una recategorización no solicitada por el Poder Judicial, donde consiguió un aumento salarial de G. 857.785 y pasó a percibir mensualmente G. 5.633.735.
En el caso de Romero de Rodríguez tendría otro agravante ya que con la recategorización estaría ocupando el cargo de jefa de Recursos Humanos del Poder Judicial de Misiones. Esto imposibilita que la Corte pueda designar al funcionario más idóneo, ya que la misma accedió al cargo gracias a su parentezco con el legislador, según fuentes.
Por su parte, Donaldo Ovelar Duré sería pariente del senador Silvio Ovelar, conocido por intentar realizar el famoso “trato apu’a” en unas elecciones. Ovelar Duré obtuvo un aumento salarial de G. 670.793 y pasa a percibir mensualmente G. 3.168.365.
Las demás funcionarias judiciales que serían “amigas” de parlamentarios, y que obtuvieron recategorizaciones a espaldas del Poder Judicial, Stela Elizabeth Espínola Romero, Olga Mabel Merlo, Stephanie Maribel Narváez Antúnez, María Magdalena Barrios Aguilar, María Soledad Almirón Burgos, Gessy Rebeca Fabiana Flores Núñez y Fátima Isabel Pelozo Romero (ver facsímil), pasarían a disposición de Recursos Humanos, según las disposiciones internas de esta institución.
Tampoco se descarta que las recategorizaciones obtenidas por los funcionarios sean suprimidas administrativamente. El actual presidente de la Corte es Antonio Fretes.
Lo que dispuso la Corte
- La Corte Suprema por medio de una resolución “prohibió expresamente a cualquier funcionario realizar gestiones en otras instituciones (referente a modificaciones de cargos, recategorizaciones y asignaciones), bajo pena de ser sancionado si así lo hiciere.
Agrega: “De existir anomalías consecuentes a lo mencionado anteriormente, al aprobarse la Ley de Presupuesto, los funcionarios afectados pasarán a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos hasta tanto el Consejo de Superintendencia y la Excelentísima Corte Suprema de Justicia dispongan medidas correspondientes”, refiere la resolución de la Corte.