El tribunal de sentencia integrado con Elsa García, Miguel Bernardes y Lourdes Sanabria argumentó que la privación de libertad y la extorsión que cometieron los agentes del orden es especialmente agravada.
Díaz Alfonso, Balbuena Montero y Ozuna Benítez prestaban servicio en la Policía Urbana cuando cometieron el hecho, lo que hace que su conducta tenga una reprochabilidad especial, ya que ellos tenían la obligación de proteger a las personas y sus bienes.
Díaz Alfonso y Balbuena Montero fueron condenados a la pena de 14 años porque ambos tuvieron mayor participación en el ilícito, indicó el colegiado.
Por su parte, Ozuna Benítez tuvo una menor actuación, pero no por ello menos reprochable, refiere.
El tribunal explicó que por el concurso de hechos y de acuerdo a la acusación de privación de libertad, extorsión y extorsión agravada, los procesados se exponían a una pena de hasta 22 años y medio de cárcel.
El colegiado agregó que tras pruebas producidas en el juicio oral, como las grabaciones de las conversaciones entre la víctima y el padre de este, a quien le solicitó US$ 10.000, fueron contundentes.
También depusieron varios agentes policiales, que confirmaron que los ahora condenados no tenían a su cargo la investigación de un caso de hurto agravado (tortolero), como pretendieron hacer creer.
La privación de libertad se produjo a las 15:00 del 20 de enero de 2010, pero tras la denuncia de secuestro que realizaron los familiares de la víctima, y viendo frustrada la extorsión, los agentes condenados pusieron a su rehén a disposición de la Brigada Metropolitana, recién a las 20:00 de ese día.
El fiscal Federico Delfino solicitó 15 años de prisión para los tres agentes policiales. Las defensas solicitaron la absolución.
Antecedentes del caso
Fue víctima de la privación de libertad el joven Guido Garcete (19 años), quien fue “apretado” por los policías ahora condenados. Lo obligaron a pedir a su padre, Guilmar Garcete, US$ 10.000, para que no lo involucren en un caso de hurto agravado ocurrido el 18 de enero de 2010, en la capital.
Cuando Guido llamó a sus familiares, por orden de los policías, sus parientes se dieron cuenta de que se trataría de secuestro y denunciaron ante la Fiscalía. Guido habría sido despojado de G. 1.300.000, que había retirado de un cajero electrónico.