Ycuá Bolaños, la tragedia que tiñó de luto nuestra historia

Faltaban pocos minutos para el mediodía y el supermercado ubicado en la avenida Artigas del barrio Santísima Trinidad se encontraba repleto. En el patio de comidas, donde familias enteras se encontraban reunidas para el almuerzo dominical o festejar cumpleaños de sus seres queridos, se gestaba la tragedia que instaló el horror y el luto de aquel soleado domingo 1 de agosto. El cúmulo de grasa depositado en el ducto de la cocina del patio de comidas, que tenía forma de “s”, dio inicio al devastador incendio que en minutos se propagó por todo el local.

Cientos de ciudadanos quedaron atrapados en el local, mientras los vecinos –advertidos por los gritos de auxilio– rompían las paredes con lo que tenían a mano para poder rescatarlos, tarea a la que pocos minutos se sumaron los bomberos y numerosos ciudadanos. Cuerpos calcinados ganaron las calles de Trinidad, mientras los hospitales colapsaban con quemados de distinta gravedad y otros afectados por la inhalación de gases tóxicos.

Ycuá Bolaños, inagotable fuente de historias trágicas, también ha sido el escenario de actos heroicos –muchos arriesgaron y hasta perdieron la vida en las tareas de rescate– y la motivación para lo que fue una verdadera avalancha de solidaridad jamás vista en el país. Gente de todas las edades se acercaron a ayudar en todo lo que fuera preciso.

Procesos y condenas

El incendio dio origen a tres causas penales y numerosos juicios civiles y laborales. En la causa penal principal, por homicidio doloso, el empresario Juan Pío Paiva, propietario del local siniestrado; su hijo Víctor Daniel Paiva y el guardia Daniel Areco fueron condenados a 12, 10 y 5 años de cárcel, respectivamente. El accionista Humberto Casaccia fue condenado a 2 años y 6 meses por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Todos están en libertad.

El segundo juicio se abrió contra los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, por falta de fiscalización de la obra. Jorge Gamarra Morínigo, Jesús María Insaurralde y Rodrigo Castillo Fraccia fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión, pero la condena prescribió para el último de los nombrados. El tercer juicio, por supuestas fallas en la construcción, fue dirigido contra el constructor Bernardo Ismachowiez, quien fue sentenciado a dos años por actividades peligrosas en la construcción.

2004. El asesinato de la niña de 11 años Felicita Estigarribia, que conmovió a los vecinos de la ciudad de Yaguarón, se consumó entre la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio de 2004. El cuerpo sin vida de la menor fue encontrado a la mañana siguiente en una roca situada al pie del cerro Yaguarón, ante el estupor de los pobladores. También presentaba signos de haber sido ultrajada.

2007: Una banda de “piratas del asfalto” secuestra en el departamento de Caaguazú al empresario japonés Hirokazu Ota, su secretaria Sawako Takayama, el oficial de Policía Rafael Ramos Balmori y la novia de este Nancy Olegaria Giménez. Fue el 1 de abril. Las víctimas fueron liberadas 19 días después en Presidente Franco, tras la entrega de US$ 140.000 por su rescate.

2008. El brasileño Valdecir José Pinheiro Dos Santos, líder de una banda de asaltantes y secuestradores, operó en el este del país hasta que el 23 de enero cae abatido en un tiroteo con efectivos policiales en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. También fueron eliminados cuatro integrantes de su grupo. La banda había perpetrado al menos 12 secuestros en la Triple Frontera.

Banco Alemán entra en quiebra

2002: El 23 de junio el Banco Central del Paraguay intervino el Banco Alemán Paraguayo SA. Tras la fuga de su presidente, el uruguayo Juan Peirano Basso, quedó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y el sur de Brasil, zona donde operaba el Grupo Velox , países donde quedó un tendal de ahorristas perjudicados.

Los hermanos uruguayos José, Juan y Dante Peirano Basso, los principales directivos del ente, se dieron a la fuga. Juan Peirano Basso fue capturado en Miami, EE.UU., en el 2006 y extraditado dos años después al Uruguay, donde estuvo preso al igual que sus hermanos y padre, Jorge Peirano Faccio, quien murió en prisión.

La Justicia de nuestro país, que pidió la extradición de los prófugos, los acusa de desviar US$ 27 millones de los ahorristas depositados en el exterior para auxiliar a otras empresas del grupo que atravesaban problemas en Argentina y Uruguay. Dos de sus directivos locales fueron sentenciados a 2 años de prisión.

El 3 de febrero del 2012 la jueza del Cantón de Ginebra, Alix Francotte Conus, ordenó transferir US$ 4.815.792 a nuestro país, tras constatar la ilegalidad de la prenda realizada por Peirano.

Destitución de ministros de la CSJ

2003: En el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se realizó el primer juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó el 12 de diciembre del 2003 con la destitución de los ministros Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea. El entonces ministro Luis Lezcano Claude también fue enjuiciado, pero renunció antes de la conclusión del juicio. Antes de la audiencia, renunciaron Raúl Sapena Brugada, Felipe Santiago Paredes y Jerónimo Irala Burgos.

Posteriormente, tanto Ríos como Fernández Gadea demandaron al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, juicio aún pendiente de resolución. Fernández Gadea falleció el 20 de junio del 2010 y en la actualidad, el juicio ante la CIDH es impulsado por su hijo Julio Fernández.

Juicio y condena a expresidente

2006: El 5 de junio, el Tribunal de Sentencia presidido por Gustavo Amarilla condenó al expresidente de la República Luis González Macchi a 6 años de cárcel, por su participación en el desvío de US$ 16 millones de bancos en liquidación. Este fallo quedó sin efecto en instancias superiores. El 4 de diciembre del mismo año, Lucho es nuevamente condenado, esta vez a 8 años de cárcel, al pago de una multa de G. 3.000 millones, por enriquecimiento ilícito. El tribunal dispuso además el comiso especial de US$ 362.000, de lo que restaba de la cuenta en Suiza a la que llegó a remesar más del millón de dólares. Al término del juicio, Lucho fue apresado y enviado a la Guardia de Seguridad, de donde salió libre bajo fianza en víspera de año nuevo. En el 2007, la Cámara extinguió la causa, decisión ratificada por la Corte.

Sentencia por millonario desvío

2006: El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Julio González Ugarte es condenado a diez años de prisión por el desvío de fondos de US$ 156 millones de los bancos Unión y Oriental, que se encontraban en liquidación. El dinero fue transferido ilegalmente a una cuenta habilitada en el Citibank de Nueva York entre marzo y abril del año 2000. La información fue denunciada a través de una publicación de ABC Color.

El exsuperintendente de Bancos, Carlos Pecci, fue condenado a ocho años de prisión y la exliquidadora del Oriental, Valeria Ortiz de Esteche, a cuatro años. Juan Fernando Rodríguez Leith, director de la fundación a cuya cuenta fue a parar el dinero, fue condenado a cuatro años de penitenciaría y el asesor financiero Ramón Guillén, a tres años y ocho meses de prisión.

Captura de Carmen y Alcides

2004: El 3 de julio son capturados en Ñemby, los secuestradores Carmen Villalba, Alcides Oviedo Brítez y Aldo Meza, luego de una persecución a tiros con efectivos de la Policía Nacional. Un año antes, el 16 de julio de 2003 la Policía arrestó a Villalba en San Pedro y la detenida fue derivada al correccional de mujeres “Casa del Buen Pastor”. De allí se fugó el 24 de junio de 2004, a través de un boquete en el techo.

Oviedo y Villalba cumplen pena de 18 años de cárcel por su participación en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido entre 2001 y 2002. Aldo Meza también está condenado por el mismo delito y además purga una sentencia de 15 años de prisión por el secuestro y crimen de la hija del expresidente Raúl Cubas, Cecilia Cubas Gusinky (2004).

Mortal atentado contra aduanera

2005: La administradora de la Terminal de Contenedores del kilómetro 12 (ex-Algesa) de Ciudad del Este, Yolanda María Mercedes Benítez Ferreira, es ultimada en un ataque registrado a las 18:38 del 23 de setiembre en el kilómetro 166 de la Ruta VII por parte de supuestos “piratas del asfalto”. La funcionaria viajaba hacia Asunción a bordo de su camioneta Nissan Patrol conducida por su pareja, el médico Amado Peralta Portillo. Les acompañaban en el vehículo Édgar Ibáñez y Lorenzo Martínez.

La Policía detuvo como sospechoso a Hernán Román Duarte, quien luego reveló al fiscal Alejandrino Rodríguez y al fiscal adjunto de la zona, Alfirio González, que el objetivo de la banda era alzarse con un botín calculado en unos 300 a 350.000 dólares.

El túnel del ABN Amro Bank

2006: El intento de robo a la bóveda del ABN Amro Bank fue detectado el 18 de febrero, tras el descubrimiento de un túnel de 118 metros detectado en una vivienda ubicada en la calle O’Higgins entre Lillo y Tte. Vera del barrio Villa Morra de Asunción y que conducía a la bóveda de la sucursal bancaria. Uno de los procesados por el caso fue Gregorio “Papo” Morales, quien posteriormente fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, previa donación de G. 80 millones a instituciones de beneficencia. También fueron procesados Vicente Castiñeira, Arnaldo Guerrero, Rodney Cano, Patricia Almada de Cano (esposa de Rodney), Luis Zanotti Cavazzoni, Cecilio “Papi” Álvarez, Secundina Duarte y Lisa Johana Delgado. Pero Cano, Morales y Castiñeira fueron literalmente “blanqueados” a través de argucias judiciales.

Imprescriptible proceso por tortura

2008: A petición del fiscal Fabián Centurión, el 5 de mayo la Corte Suprema de Justicia declaró que el proceso abierto al exministro del Interior Walter Bower y otros por torturas es imprescriptible, debido a que los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad.

Esta decisión fue el resultado del voto unánime de los ministros José Altamirano, Antonio Fretes y César Garay Zuccolillo.

Basilio Pavón, Merardo Palacios y Osvaldo Vera, jefe, subjefe y oficial de la comisaría 11ª respectivamente, fueron imputados el 28 de julio de 2000 por torturas a policías en esa unidad policial. Siete meses después –el 11 de febrero de 2001– Bower, entonces secretario de seguridad, corrió la misma suerte por el mismo delito que se perpetró en la Marina y del cual fue víctima otro agente.