El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pagó de manera irregular G. 1.100 millones a los beneficiarios del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores Pronii, de junio a diciembre de 2018, agregando a la cuenta bancaria de 22 investigadores la suma de G. 50 millones para cada uno.
Ningún investigador supuestamente se percató de que recibió ese “extra” de G. 50 millones hasta que se denunció el hecho y se inició una investigación en junio pasado. De estos 22 investigadores, 19 volvieron a firmar contrato, luego de ser sometidos a evaluación de permanencia, de los cuáles 15 ya firmaron una carta de compromiso en la que admiten el cobro irregular y donde consienten que “la deducción se realice en cargo al contrato vigente mediante una adenda”.
En actas públicas, la Comisión investigadora señaló que tres investigadores ya salieron del Pronii, y que se está entablando conversación en forma individual con cada uno. “Con un investigador no se pudo contactar, otro afirmó que desea consultar con su abogado y con el otro tal vez haya que accionar legalmente”, dice el informe trascripto en el acta N° 534 de reunión del Consejo del Conacyt.
Conflicto de intereses
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Esta situación derivó en la suspensión y luego separación definitiva del cargo de Secretario Ejecutivo del Conacyt, Dr. Idelín Molinas, que según consta en actas públicas del Conacyt, intentó obligar a la secretaria ejecutiva suplente (colocada en el cargo tras el escándalo), Ing. Nathalie Alderete, a que firme varios documentos con balances y copias de facturas para un supuesto corte administrativo, a lo que Alderete informó que se negó, por lo cual se decidió la separación definitiva del Dr. Molinas de la institución.
Idelín Molinas (hermano del exministro de la Secretaría Técnica de Planificación José Molinas, también es fundador y miembro de la Fundación Vía Pro Desarrollo, que ha sido beneficiado con millonarios proyectos por parte del Conacyt, que a su vez contratan investigadores que luego también son beneficiados con el Pronii.
En denuncia presentada ante la Función Pública, la Contraloría y Presidencia se acusa a Molinas de haber ingresado a funcionarios a la institución con nombramientos sin concurso, y ganar, gracias al manejo de información privilegiada, millonarios proyectos para su fundación privada.