El pedido de intervención a la Municipalidad de Lambaré, a cargo del intendente liberal Armando Gómez, fue presentado por los concejales Nelson Medina (PLRA), María Gloria Valenzuela (PPQ), Blas Delgado (ANR) y Daniel Molinas (PLRA). El debate para la aprobación o rechazo comenzó hacia el mediodía y se extendió hasta casi las 15:00. En la votación, una mayoría de ocho concejales decidió tirar “un salvavidas” a Gómez, solicitando postergar por ocho días el estudio del pedido de intervención. El argumento de los que están a favor de suspender el tratamiento de la petición es que antes deben consultar a sus líderes políticos.
Las denuncias
La solicitud de intervención firmada por los cuatro ediles citados destaca como primer alegato la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal. “Conforme el cálculo realizado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la deuda de la Municipalidad es de G. 15.754.521.023. De ese monto, G. 6.651.364.391 corresponden a deudas por aporte y préstamos descontados a los funcionarios permanentes de la actual administración. Armando Gómez aumentó por tanto en 160% la deuda con la Caja”, dice el escrito.
En el segundo punto se menciona el caos de la administración por falta de transferencias. “Según el Ministerio de Hacienda, hay una deuda con esta cartera y la Gobernación de Central de G. 10.832.753.136. En el monto no se incluye la deuda a la Diben”, se resalta también en el pedido.
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No se pagan salarios hace 3 meses
La Municipalidad de Lambaré evidencia insuficiente capacidad para afrontar siquiera los pagos salariales de sus funcionarios, indicaron los concejales que promueven la intervención de la Municipalidad de Lambaré. Unos G. 1.800.000.0000 es el gasto mensual en salario y remuneraciones al personal municipal. “A la fecha hemos visto múltiples manifestaciones de funcionarios municipales entre los cuales existen personas que no perciben sus salarios desde hace 2, 3 y hasta 4 meses. El atraso ha generado un enorme perjuicio a la economía de las familias de estos servidores públicos”, señala la nota. Piden además se audite las boletas de recibo o facturas de pago de contribuyentes.