La investigación a Petta finalmente quedó a cargo de la fiscala Susy Riquelme, quien en un principio se apartó del caso, que pasó con el fiscal Leonardi Guerrero. Sin embargo, la causa quedó finalmente con la agente Riquelme, quien es la responsable de impulsar las diligencias para determinar si Petta cometió o no el hecho punible de declaración falsa.
Según el órgano contralor, Petta omitió algunos inmuebles en su declaración jurada, que luego fueron reportados por la Dirección de Registros Públicos.
Los antecedentes revelan que el 23 de diciembre pasado, la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, dispuso la apertura de una investigación a los ministros del Ejecutivo denunciados por Contraloría.
En el considerando de la resolución, la fiscala general señaló que la Dirección de Delitos Económicos y Anticorrupción recomendó la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en declaraciones juradas de bienes y rentas de los ministros.
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Los afectados por la decisión de Quiñónez fueron los ministros: de Educación, Eduardo Petta; de Trabajo, Carla Bacigalupo; de la Secretaría de Acción Social, Mario Varela; Dany Durand, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat; el exministro de Agricultura Denis Lichi y la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz.
En la declaración falsa, no se requiere el dolo. Con el hecho de haber omitido algún bien, la norma ya sanciona esta conducta.