En el caso de Arias, tenía una antigüedad de 1 año y siete meses, con una facturación mensual de más de G. 5,5 millones. Según el MJT, por el pago del preaviso, más indemnización, vacaciones causadas y proporcionales, además de aguinaldo, la empresa debería pagarle G. 20.200.000, más comisiones por las ventas realizadas, de G. 16 millones. En total, son G. 36.200.000. Sin embargo, la empresa le ofrece solo G. 11 millones.
En cuanto a Chamorro, su antigüedad era mayor, de seis años. Pero con la facturación mensual de G. 2,5 millones, la empresa debía pagarle G. 19.959.900 por los beneficios sociales, más G. 6 millones por comisión, según el MJT. Es decir, un total de G. 25.959.900. En su caso, Tigo directamente alegó que no tiene vinculación con la trabajadora, ya que prestaba un servicio tercerizado (corretaje), y no quiere pagarle un solo guaraní, según lo explicado.
Carlos Díaz, de Tigo, respondió vía correo electrónico: “Nuestra empresa cumple con toda la normativa laboral vigente y esta no es la excepción. En el caso de estas dos personas, prestaban servicios a la empresa de manera independiente. En tal sentido, ambas tenían firmados sendos contratos de prestación de servicios profesionales. Conforme a lo acordado contractualmente con las mismas, cualquiera de las partes tenía la facultad de rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. La empresa ha puesto a disposición de las mismas los honorarios correspondientes”.