Cuatro viviendas construyó de forma meteórica el arquitecto Óscar Basso Riveros, gerente de regiones del interior de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), lo que despertó recelo y malicia sobre los ingresos extraordinarios que le permitieron semejante inversión, con un salario mensual de G. 10.900.000, con todos los beneficios incluidos.
Cada una de las imponentes viviendas tendría un costo aproximado de unos G. 350 millones, que sumado al costo del terreno treparía a G. 500 millones, según expertos en inversiones en bienes raíces. Cree que hay maldad
Basso Riveros evitó explicar a ABC de dónde provinieron los fondos que le permitieron invertir en los dúplex. Ante la consulta se limitó a decir que se trataba de “mucha maldad”, y que fueron sus hijos los que construyeron. “Dios mío, tanta maldad, esos departamentos son de mis hijos. Con un ingeniero firmaron el contrato para construir. Yo solo les di el terreno como cualquier padre lo haría. Qué infamia. Costó muy barato. Allá en el fondo de Loma Pytã es”, decía en un mensaje de texto, porque nunca se hizo encontrar en su oficina para una entrevista personal. En una de las cuatro viviendas reside su hija Patricia y las otras tres alquila por la suma de G. 2.500.000. Fue la que nos proporcionó el teléfono corporativo de la Essap del propietario de los dúplex, su padre, para consultar referente a la disponibilidad de las viviendas para alquilar o comprar.
Basso Riveros es un antiguo funcionario de Essap, empresa propiedad del Estado. Sus tres hijos trabajan en firmas privadas, lo que no les permitiría el caudal económico para semejante inversión. Su esposa es ama de casa.
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Denunciado por sindicalistas
Basso Riveros es uno de los gerentes denunciados por los sindicalistas de la Essap por el uso indiscriminado de combustible, así como las millonarias compras directas que hizo con recursos provenientes del rubro “fondos a rendir”. Habría utilizado de forma discrecional alrededor de G. 6.000 millones.
El alto funcionario realizaba compras directas de los mismos productos que debían ser proveídos por empresas que habían sido adjudicadas con millonarios contratos mediante licitación pública. En una de esas contrataciones detectaron que se pagó a la empresa MGOS, propiedad de Édgar González, por la suma de G. 224 millones con factura falsa.
Auditoría General del Poder Ejecutivo dispuso analizar los gastos efectuados por los “fondos a rendir”, entre enero y junio de 2016, luego de la denuncia de los sindicalistas.