Hospitales y sanatorios ponen en riesgo a la población

Si los sanatorios privados y los hospitales públicos, al igual que el Instituto de Previsión Social, cumplieran con los requisitos y adoptasen medidas previstas en la legislación existente, se podrían evitar exponer a la ciudadanía a enfermedades infecto-contagiosas que pueden incluso complicarse sin que la misma persona sepa o se entere por qué se enfermó o por qué le tomó tal enfermedad después de haber estado tan sano.

Todos los establecimientos deben inscribirse en el Registro Nacional de Generadores de Residuos Peligrosos.

La autoridad de aplicación que debería encargarse de controlar el cumplimiento de la ley es el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Ambiental (Digesa), como la responsable de dicho registro, requisito indispensable para la habilitación de los establecimientos antes citados.

Dicha cartera de Estado incumple con sus obligaciones, ya que no cuenta con una estructura humana ni con los medios necesarios para fiscalizar y controlar a los establecimientos de salud.

Es sabido que gran número de hospitales públicos y sanatorios privados tampoco cuenta con los requisitos establecidos en la ley, y ni siquiera disponen de una evaluación de impacto ambiental que establezca el marco operacional de manejo de sus residuos para que no representen serios riesgos a la población.

Diversos organismos del Estado, tal como los aeropuertos en donde aterrizan vuelos internacionales, conocen siquiera que son objeto de la Ley 3361 y que en los mismos se producen residuos peligrosos.

Es hora de que el Gobierno tome con seriedad su obligación de velar por la salud pública, y que establezca los procedimientos necesarios para que no solo el sector privado cumpla la ley, sino también el propio sector público, el cual se encuentra en idénticas condiciones.

En el año 2007 fue promulgada la Ley 3361, que regula la gestión integral de los residuos producidos en los hospitales, sanatorios, laboratorios de análisis clínicos, clínicas odontológicas y veterinarias, etc. Sin embargo, a la vista se puede observar que es una ley muerta, pues nadie la cumple.