“Punto por punto, hemos desmentido lo que el Estado paraguayo estaba informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a que la niña tiene garantizada la vivienda, que tiene asegurada la educación y la salud, que la madre de la niña tiene garantizado un puesto de trabajo sostenible alegando que ya era una microempresaria y que su empresa ya estaba funcionando desde el 11 de julio. Todo eso no se ajusta a la realidad, solamente existe en los papeles.
El Estado dijo que han montado a la madre de la niña una “microempresa”, y el único apoyo que recibió fue la suma de G. 500.000 para la compra de insumos para elaboración y venta de empanadas en la despensa de su hermano. “La madre no cuenta con dicha actividad y no tiene asegurado un ingreso regular”, puntualizó Torales.
“Además, la familia necesita ropitas para la beba, pañales, mantas, y la gente solidaria que se acerca al hospital de la Cruz Roja es recibida de manera hostil por los guardias. Evidentemente reciben órdenes, de manera que sean rechazados o que no llegue la ayuda a la familia, con la supuesta excusa de que se tiene una medida restringida de visitas. La madre y la niña siguen siendo violentadas en sus derechos”, dijo.