Migrantes paraguayos y el dilema de ejercer el derecho al voto

El reconocimiento del derecho al voto de las paraguayas y los paraguayos que residen en el extranjero fue logrado en 2011. El investigador social Patricio Dobrée, en el Informe de los DD.HH. 2012 de la Codehupy, afirma que ese paso que se dio no fue acompañado por acciones eficaces por parte del Estado, de modo a efectivizar mecanismos que lo garanticen.

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“El largo camino del reconocimiento al ejercicio” se titula el material elaborado por Patricio Dobrée, integrante del Centro de Documentación y Estudios (CDE) y del grupo de Trabajo sobre Migraciones de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), en el Informe 2012 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en el cual dice que fue un avance sustantivo para el ejercicio de la ciudadanía de un sector de la población históricamente excluido y para la democratización de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, Dobrée manifiesta que lamentablemente esta conquista ha sido opacada. “El Estado todavía no ha sido capaz de crear un ámbito institucional lo suficientemente eficaz que garantice el ejercicio del derecho al sufragio de la población migrante”, afirma.

Recursos en disputa

“Los avances en el plano normativo todavía no han logrado traducirse en una escena institucional sólida que garantice de modo universal el derecho al voto. Después de la enmienda constitucional que habilita su participación en los comicios, las instituciones estatales no han sido capaces de crear las estructuras y los mecanismos requeridos para incluir la mayor cantidad de connacionales migrantes con edad de votar en el padrón electoral. Tampoco existen muchas probabilidades de que sean habilitadas suficientes mesas de votación en el exterior durante las elecciones generales que se celebrarán en 2013”, dice en el Informe 2012.

Patricio señala que “una de las causas de esta inoperancia se vincula con las disputas entre los poderes del Estado y la intención de hacer uso de sus estructuras y recursos con fines partidarios particulares.

En medio de un clima de profundo descrédito ante numerosos sectores de la sociedad civil, el Congreso Nacional y el TSJE buscaron imponer sus intereses en torno a la definición del presupuesto asignado a este último órgano. Las propuestas presentadas se caracterizaron por ampliaciones presupuestarias desmesuradas en comparación con las de otros entes estatales, la escasa información sobre sus aplicaciones y una fuerte sospecha ciudadana de que el dinero sería utilizado indiscriminadamente para sostener cuadros de operadores políticos”.

Por otra parte, indica Dobrée que “diversas organizaciones de migrantes propusieron alternativas que van desde la inscripción automática hasta la inscripción por medio de representaciones diplomáticas, haciendo uso de las nuevas tecnologías. La ausencia de atención hacia estas solicitudes sugiere una falta de voluntad política para desmontar el sistema de inscripción sustentado en operadores políticos rentados”.

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